La pasada semana la Diputación de Valencia entregó las llaves del teatro Escalante al Patronato de la Juventud Obrera (PJO) tras casi cuatro décadas de gestión de este histórico espacio escénico por parte de la corporación provincial. El Escalante permanece cerrado desde octubre de 2016 después de que se detectasen graves problemas estructurales. Tras varios informes la diputación renunció a la reforma del inmueble por la complejidad y coste de las obras, y a prorrogar el contrato de alquiler del inmueble que concluía el 31 de diciembre.

Con las llaves en la mano de este teatro que abrió sus puertas en 1920, la PJO ha anunciado a Levante-EMV que prepara una demanda judicial contra la Diputación de València por el incumplimiento del contrato del alquiler del auditorio, que obligaba a la administración a hacerse cargo de su mantenimiento y a devolverlo a su propietario, una vez finiquitado el acuerdo entre ambas partes, en el mismo estado en el que se le entregó.

Así lo señalaba ayer el director del PJO, José Luís Ferrando Lara, quien explicó a este periódico que sus servicios jurídicos ya están trabajando en el contenido de la demanda, la cual esperan presentar «en los próximos tres o cuatro meses». «Se trata de una demanda compleja que incluirá un peritaje importante sobre el estado del edificio -explicaba ayer Ferrando-. Ellos también han buscado un informe jurídico para defender la postura que han mantenido en los últimos meses, pero también tienen el contrato de alquiler que se firmó en 2004 donde aparecen claros los términos».

El director del PJO se refiere a la cláusula quinta del contrato que firmó el entonces presidente de la diputación Fernando Giner, donde se establece que la corporación provincial «está obligada a realizar, sin derecho a una disminución de la renta, todas las reparaciones que serán necesarias en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido». Desde la firma de este acuerdo hasta la entrega de llaves la pasada semana, la diputación ha estado pagando al Patronato 5.000 euros mensuales por el alquiler de la sala. «Han incumplido la obligación de mantenimiento, conservación y reparación», insistía ayer Ferrando.

Ya el pasado mes de mayo, meses después de que la diputación cerrase el teatro y de que el peritaje determinase el fin de la vida útil del edificio, el PJO denunció públicamente que la corporación «ha dejado literalmente 'caer' el inmueble, por la falta de inversión en el local». «Si la sociedad valenciana pierde un espacio teatral tan relevante como la sala Escalante, se deberá exclusivamente a la actuación negligente de la diputación, ante la falta notoria del debido mantenimiento», aseveraba el Patronato ante los medios de comunicación.

Ayer, y en declaraciones a Levante-EMV, su director insistió en este extremo y advirtió que el PJO (una institución civil pero con vinculación al Arzobispado de Valencia) no puede hacerse cargo del coste que supondría la rehabilitación del emblemático auditorio. Un informe hecho público en junio de 2017 estimaba en unos 6 millones de euros el coste de las obras para solventar los problemas estructurales de la sala.

«A nosotros nos gustaría que el teatro siguiese siendo un espacio escénico en funcionamiento, particularmente para un público infantil y juvenil como ha sido hasta ahora -explicaba ayer Ferrando-. No queremos que acabe convirtiéndose en otro solar en el barrio del Carmen, pero el Patronato tiene otras prioridades económicas».

Así mismo, el director del PJO también lamentó ayer que la diputación «sólo haya mantenido dos reuniones con nosotros desde que cerró las puertas del teatro. Una fue en noviembre de 2016 para decirnos que lo cerraba, cuando ya lo habían sacado todos los medios de comunicación. Y otra fue en julio de 2017 para comunicarnos que el 31 de diciembre finiquitaban el contrato. Les dijimos que estábamos abiertos a otras alternativas, pero no ha habido ninguna respuesta».