La Diputación de Valencia ya no quiere saber nada del teatro del Patronato de la Juventud Obrera (PJO), el auditorio que ha ocupado durante casi cuatro décadas como sede del Centre de Teatre Escalante. Por ello, ya ha preparado un informe jurídico que justifica su decisión de no haber acometido las obras de reforma de la sala -declarada «inhabilitable» por graves problemas estructurales-, y que seguramente esgrimirá si prospera la demanda judicial que ha anunciado el PJO contra la corporación provincial por incumplimiento de contrato.
A partir de este informe jurídico, la diputación considera «abusivo» el alquiler que firmó en 2004 el entonces presidente Fernando Giner con el Patronato, ya que «responsabiliza de todo lo que ocurra en el edificio a la diputación». «Nadie, ni siquiera el señor Giner a título particular, alquilaría un inmueble y se haría responsable de todo lo que le pase a la construcción», destacaron las fuentes de la corporación provincial, quienes además señalan que aquel contrato que finalizaba el pasado 31 de diciembre se firmó «sin ningún informe por parte del jefe del Servicio de Patrimonio, Francisco Cano, que no se pronunció respecto a ninguno de los extremos del contrato».
Cabe recordar que Cano fue destituido de su cargo el pasado septiembre por el diputado de Patrimonio, Pepe Ruiz, por «pérdida de confianza a raíz de casos como éste», según subrayaron ayer las mismas fuentes.
Tal como adelantó ayer Levante-EMV, el Patronato, propietario de teatro de la calle Landerer cerrado por su mal estado desde octubre de 2016, considera que la diputación ha incumplido el contrato de alquiler firmado en 2004 y que en su cláusula quinta establece que el inquilino «está obligado a realizar sin derecho a una disminución de la renta, todas las reparaciones que serán necesarias en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido».
Ayer, el director del PJO, José Luis Ferrando, insistió en que a esta institución civil con vínculos con el arzobispado no le consta que la diputación -que ha ocupado el teatro desde 1979 hasta el pasado 31 de diciembre de 2017- haya acometido alguna obra para evitar la inhabitabilidad del inmueble. «Si se ha llegado a esta situación es porque la diputación no ha invertido cuando y cómo tenía que invertir. La situación, aún así, es reversible y nosotros estábamos incluso dispuestos a rebajar el alquiler (5.000 euros mensuales) tal como nos habían pedido para poder seguir usando una parte del edificio para la escuela de teatro. Pero cuando les pedimos un plan que demostrara que iban a hacer algo para solucionar el problema, no nos dieron ninguna respuesta».
La diputación, por contra, aseguró ayer que en los últimos diez años se han venido ejecutando obras de conservación y mantenimiento del inmueble por parte de esta corporación, «y, por lo tanto, nuestra responsabilidad está salvada». «Otra cosa es que, como señalan los informes técnicos, el edificio ha agotado su vida útil y, por lo tanto, consideramos que es la propiedad quien debe acometer unas obras que, según los cálculos (unos 6 millones de euros) superan el coste de un edificio nuevo».
El PP reclama explicaciones
Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, lamentó ayer a través de un comunicado que la institución provincial haya renunciado «definitivamente» a recuperar el Escalante. «La diputación que preside Jorge Rodríguez va a pasar a la historia por cerrar y abandonar una sala que ha sido el principal punto de referencia teatral para las familias y centros escolares valencianos de las tres últimas décadas», aseveró Contelles, para reclamar a continuación que el ejecutivo provincial explique «públicamente a la ciudadanía y a los profesionales del sector, por qué se han negado en redondo y sin dar ningún tipo de explicación a actuar en la rehabilitación de un espacio fundamental para los profesionales valencianos de las artes escénicas y cantera de nuevos talentos». «Una institución con más de 470 millones de euros anuales de presupuesto puede asumir, si realmente quiere hacerlo, el coste estimado de rehabilitación», añadió la diputada popular.
A este respecto, fuentes del ejecutivo que preside Jorge Rodríguez insistieron en que «vamos a defender los intereses de la diputación, porque consideramos que no podemos que no podemos asumir la reconstrucción y la legalización (carece de licencia de apertura) de un inmueble que no es nuestro». «Estamos convencidos de que la ley y la jurisprudencia así lo avalan», concluyeron.
