El juzgado de instrucción número 21 de València, que se ocupa de la investigación por supuestas irregularidades en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) durante la etapa al frente del mismo de Consuelo Císcar, ha decidido exigir una fianza de 4,1 millones de euros a la exdirectora del museo, al exdirector financiero, Juan Carlos Lledó, y a José Luis Rueda, hijo y heredero del artista madrileño Gerardo Rueda.

La jueza estima así la solicitud de la Abogacía de la Generalitat, a la que se adhirió el fiscal, para que se pidiera esta fianza con el fin de cubrir el importe de las posibles responsabilidades civiles derivadas de la comisión de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y estafa o fraude a la administración.

En un auto datado ayer y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instructora considera que se dan las circunstancias para solicitar una fianza total de 4.176.863 euros y que, transcurrido el tiempo que marca la ley, se proceda al embargo de bienes para cubrir las cantidades.

Desviación al patrimonio de Rueda

La Abogacía de la Generalitat argumentó que Císcar, con la «concomitancia» de Lledó destinaron, «a sabiendas», caudales públicos a adquirir obras de arte falsas haciéndolas pasar por originales de Gerardo Rueda -fallecido en 1996-, y produciendo así una desviación de los fondos presupuestarios hacia el patrimonio de José Luis Rueda.

De ese modo, el IVAM habría adquirido obras de arte no originales, como si lo fueran, enriqueciendo a José Luis Rueda. Entre 2004 y 2006 el museo compró mediante dos contratos mixtos de compra-venta y donación una serie de obras cuyo supuesto autor era el escultor desaparecido.

En los dos contratos se condicionó la donación de determinadas esculturas a la adquisición onerosa de otras. El IVAM pagó un total de 2.944.325 euros, más 512.524 que costó que la Fundición CAPA manufacturara gran parte de las obras que, bien habían sido donadas, bien habían sido vendidas al museo por el heredero. De este modo las arcas públicas pagaron por obras supuestamente atribuidas a Rueda un total de 3.456.876 euros. A esta cantidad, según la Abogacía, hay que sumar los 719.987,80 euros que se pagaron para promocionar las obras y con el objeto de blanquearlas a través de varias actividades y exposiciones.

La jueza expone que consta documentación de que una de las piezas más significativas, El Gran Relieve, que el museo valenciano adquirió en 2004 al hijo adoptivo de Rueda por 360.000 euros, fue donada al Reina Sofía de Madrid por éste dos años antes, y sostiene, por correos electrónicos intervenidos, que los investigados estaban al corriente del engaño.

«A resultas de todo lo analizado, no pueden ser consideradas como originales y de la autoría de Gerardo Rueda las obras de arte adquiridas por el IVAM a José Luis Rueda, y ello porque en su mayoría precisaron de la fundición posterior que se ejecutó diez años después de fallecer el artista, no cumpliendo con los requisitos exigidos para que las mismas tengan tal consideración de originales», insiste la instructora. Igualmente, ve «indicios de que, con cargo a los fondos públicos del IVAM, se sufragaron los gastos correspondientes a exposiciones e itinerancias para promocionar fundamentalmente la colección particular de José Luis Rueda y, al mismo tiempo, legitimar la originalidad de las reproducciones post mortem (...) no teniendo las mismas consideración de obras originales y de la autoría de Gerardo Rueda», insiste la instructora.

Se detalla que las piezas no procedían de un objeto original, ya que gran parte de ellas partía de un modelo de madera de reducidas dimensiones y se convirtió en piezas monumentales de hierro, gracias al trabajo de los operarios de una fundición.«Las reproducciones en ningún caso se hicieron a través de un procedimiento dirigido o controlado por el artista, habida cuenta que había fallecido diez años atrás, y tampoco fueron firmadas por el autor», sino que su firma se incorporó a las mismas porque estaba disponible en la fundición, detalla la jueza.