V. CHILET VALENCIA
Inversiones Dalport sigue ostentando la mayoría accionarial del Valencia sin haber ejecutado la compra de los 50'3% de los títulos de la entidad, una operación tasada en 200 millones de euros. Ayer acabó, sin resultados positivos, el plazo para encontrar las garantías bancarias con las que la firma uruguaya tendría que haber avalado el futuro pago de las acciones a Juan Soler y Vicente Soriano. Hasta cinco entidades financieras no habían dado crédito en la última semana a los bonos presentados. Ayer, Dalport prometió al entorno de los ex presidentes del club que, a mediodía, quedaría resuelta la situación, pero a las 14 horas todavía no se tenía noticia alguna.
La titularidad de las acciones, sin embargo, sigue a nombre de Dalport, que es quien posee los 96.695 títulos en el libro-registro de accionistas del club. Para revertir esa situación, es imprescindible que la empresa uruguaya sea la que firme ese trámite, o que un juez lo dictamine.
El impago por parte de Dalport ha bloqueado la ejecución de todos los contratos en cadena. Vicente Silla no ha podido afrontar el pago de 6 millones de euros por las 7.175 acciones de Peris Frígola, Alegre, Cicchella, Cuquerella, Tuzón y Barrachina. Un contrato que incluía una cláusula resolutoria en caso de no consumarse la venta, pero que no ha podido llevarse a efecto porque Silla a su vez transmitió estas acciones, unidas a las suyas propias (1.131), a Soriano, con una idéntica disposición liberatoria en caso de impago. El empresario de Puçol compró a su vez las 70.889 acciones de Juan Soler y vendió todas (su paquete personal de 17.500 acciones, las agrupadas por Silla y las de Soler, 96.695 en total), a Inversiones Dalport. Todo indica que Soriano no incluyó en su acuerdo ninguna cláusula para restituir las acciones a fecha de 30 de julio.
Dalport Inversiones entiende que las acciones son suyas y que no debe responder a los acuerdos concretos que Silla llegara primero con los directivos del núcleo tuzonista y posteriormente con Soriano, ya que su único pacto lo firmó con Soriano el pasado 4 de julio. Por otro lado, desde Dalport se insiste en que las obligaciones de pago con Soler y Soriano no vencen hasta el 4 de octubre. La empresa capitaneada por Víctor Vicente Bravo no está dispuesta a ceder el control accionarial. En este sentido, la situación sólo se podría desbloquear con una denuncia (un trámite lento, además los juzgados están cerrados en agosto) e incluso se podría dar el caso de que Dalport pidiera a Soler y Soriano una indemnización para lograr una solución rápida y renunciar, así, a las acciones y al poder.
El próximo órdago que Dalport debe afrontar, sin demoras, es la inversión de 46 millones contantes y sonantes en la ampliación de capital, con el 21 de agosto como fecha límite, para seguir acumulando el 50'3% actual. En caso contrario, su cuota de poder podría devaluarse al 5'3%. Será la ocasión para comprobar la solvencia real de la empresa uruguaya.