La Asamblea de los reproches

J. M. Bort
Valencia
Sólo faltó el juez, el fiscal y los acusados, porque los testigos si que estaban en la sala. La Junta de Accionistas del Valencia de ayer se convirtió en un juicio casi sumarísimo contra las figuras de Juan Soler y Vicente Soriano, los dos hombres que han llevado al club al agujero financiero en el que se encuentra. El propio Consejo de Administración, que preside Manuel Llorente, y la mayoría de accionistas que tomaron la palabra lamentaron las políticas «derrochadoras» y llenas de «patrañas» de los anteriores gestores.
Fue el prólogo a la votación en contra de la anterior gestión por parte del actual gobierno de la entidad, un hecho sin precedentes en la historia moderna del Valencia. Hasta el propio Llorente recibió algún castigo de parte de la «grada» del salón de actos de La Petxina, disconforme con la maniobra de la ampliación de capital que ha dado el poder a la Fundación, con un 74 por ciento del accionariado, y al anuncio previo del consejo de obligar a contar con 50 títulos para asistir a futuras asambleas. En un ejercicio de diplomacia, interpretado de «populista» por los más críticos, el presidente reculó. Mediada la junta, el presidente anunció la anulación de ese punto del día. Se ganó una ovación.
Llorente lideró la repulsa a la herencia dejada por Soler y Soriano . «Aquí se han gastado cantidades industriales de dinero y no podemos permitirnos tener más pérdidas. Queremos tener un equipo competitivo, pero es cierto que nos esperan tres o cuatro años de austeridad. La ampliación de capital ha servido para cubrir las pérdidas. Y personalmente no puedo aprobar la gestión del anterior presidente porque se supeditó un presupuesto a la venta de unas parcelas que no estaba hecha», dijo el presidente a lo largo de la junta, quien lamentó que el la consecuencia haya sido las pérdidas de «300 millones de euros en los últimos tres años», explicó.
La radiografía de la situación económica continuó por la situación de las obras del nuevo Mestalla y la obligación de vender jugadores. «La realidad es que llevamos perdidos 200 millones de euros, que no tenemos campo, que las parcelas de Mestalla están hipotecadas y que tenemos unas pérdidas para la temporada que viene de 42 millones de euros», dijo.
El tema económico no fue, pese a la crisis, el único punto de atención de la jornada en la asamblea menos multitudinaria de los últimos años —estuvo representado el 75 por ciento del capital social —. Las decisiones adoptadas por el consejo la ampliación de capital y el salario de los tres consejeros ejecutivos —Llorente, Javier Gómez y Fernando— centraron las palabras de los accionistas. Especialmente crítico estuvo el ex aspirante a presidente Eduardo Escartí, quien votó con un «no» al presupuesto actual, que asciende a 138 millones de euros y contempla 8 millones de beneficios y 44 por ingresos de venta de jugadores. «Se ve una reducción de gastos que ha conseguido apagando luces y despidiendo mileuristas. Esperaba algo más que eso, la verdad», dijo. «Francisco Roig tenía el diecisiete por ciento de las acciones y Juan Soler el 37, pero actualmente el consejo, a través de su fundación, controla el 74 por ciento, así que no nos mientan con la democratización (). Me parece la más patética forma de estar organizado el Valencia», apostilló.

90 millones de cargo por la parcela
Soler fue también el centro de la diana de la intervención del incombustible Ríos Capapé. Trasladó su preocupación por el cargo que le ha supuesto al Valencia, «a corto plazo», la venta de la parcela al ex presidente por 90 millones de euros. Antes de abrir la veda en la crítica contra los «altos sueldos» de los actuales consejeros ejecutivos —»Yo cobro lo mismo que percibía en el Pamesa», dijo luego Llorente—, pidió «la activación de escudos» contra la concentración de acciones en grandes paquetes.
Al juicio contra Juan Soler no le faltó un abogado defensor. El ex directivo Alberto Martí salió en defensa de la gestión del empresario. «Está permanentemente vilipendiado. Es cierto que la deuda es de quinientos millones de euros, que se quedan en 313 porque al Valencia le deben 187 y que de esos 313, 150 corresponden al estadio, por lo que hay que recordar que no es Soler quien generó la deuda», explicó. «Pido respeto para una persona que perdió su dinero con el Valencia, más allá de los errores que pudiera cometer», señaló Martí. La respuesta no se hizo esperar. El ex consejero Vicente Andreu, un catedrático en la financiación de los clubes de fútbol, no se pudo resistir. «No pensaba intervenir, pero me veo obligado. Con Soler la deuda neta se multiplicó por 287 y realizó una gestión descontrolada y sin criterio, con despidos acompañados de grandes indemnizaciones, y casi llevó el equipo al descenso», dijo.

«Si no fuera por el aval de la Generalitat, estariamos en quiebra y en Segunda B»
El presidente explicó las dificultades para reiniciar las obras del nuevo estadio. «No iniciaremos las obras del campo hasta que no tengamos un plan de financiación adecuado, que no se amortice con los gastos corrientes de la gestión. Los 100 millones pagados hasta ahora han salido de los gastos corrientes, no con un estudio financiero», dijo. «Se planificó un estadio por un coste de 360 millones de pesetas, cantidad que el club no puede asumir. El objetivo es elevar a cota cero el campo y obtener una fuente de financiación con la negociación del aplazamiento de pagos», prosiguió Llorente. «Con el campo no hay marcha atrás y cuando empecemos a jugar allí, será más fácil vender el actual Mestalla», prosiguió.
Javier Gómez recordó ayer la disyuntiva que vivió el consejo de administración del Valencia la pasada primavera, cuando el Valencia tocó fondo en su crisis financiera con la imposibilidad de pagar, incluso, las nóminas de los futbolistas. «Teníamos el proceso concursal preparado. Al final hemos podido conseguir evitarlo porque a medio y largo plazo es algo que perjudica a la imagen de la sociedad», dijo. «El Valencia CF es el tercer club de españa y sería triste estar en concurso acreedores. Hoy por hoy vamos a agotar todos los recursos posibles para salir adelante (9: Si no fuera por el aval de la Generalitat, estaríamos en Segunda B y en quiebra», indicó Llorente.
Mientras, el Valencia aprobó en la Junta un presupuesto de 138 millones, con 8 millones de beneficio, y espera reducir su deuda actual, que ronda los 550 millones, a 448 en el próximo ejercicio. Todas las Las propuestas del club fueron apoyadas por la absoluta mayoría de los títulos asistentes y el punto en el que el consejo encontró menos apoyo le supuso el 99,60 por ciento del respaldo de los accionistas.