FRANCESC ARABÍ VALENCIA
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El Valencia CF está económicamente con el agua al cuello y el único flotador que tiene a mano -la reclasificación del Mestalla y venta de las parcelas con una volumetría de 89.340 metros de techo- está amenazado de sufrir un pinchazo. El riesgo está localizado en el recurso contencioso-administrativo del grupo socialista de Valencia contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-Mestalla y el PAI aprobado por el pleno del ayuntamiento, con los votos del PP, y luego corroborado por una resolución de la Consellería de Urbanismo, de 22 noviembre de 2007.
En la tramitación del recurso del PSPV, el Tribunal Superior de Justicia valenciano reclamó al club los contratos profesionales con el arquitecto Alejandro Escribano y el letrado urbanista José Luis Martínez Morales, dado que parte de sus emolumentos se computaron dentro de los 6.458.564 euros de cargas urbanísticas del plan. Y, tras siete meses de negativa de Manuel Llorente a entregar la documentación, finalmente no tuvo otra salida que cumplir el mandato judicial y aportar los contratos, según ha podido contrastar este diario en fuentes socialistas y en el entorno del club. Los papeles han sido aportados en los minutos de descuento del ultimátum judicial que dio el TSJ y que expiraba el 12 de marzo.
Paralelamente a esta resistencia, Manuel Llorente se puso manos a la obra para pedir árnica al PSPV en vistas de que la suerte judicial empezaba a torcerse. Enviados del presidente valencianista han mantenido varias reuniones y conversaciones telefónicas en las últimas semanas con la portavoz municipal del PSPV, Carmen Alborch, y hasta con el propio Alarte.
¿Y qué quiere el club de Mestalla? Pues que los socialistas retiren un recurso que supone una seria amenaza a la línea de flotación del proyecto salvador de la economía del club. ¿Y qué piensan hacer los socialistas? El líder del partido, Jorge Alarte, está resuelto a quitar la denuncia, como insinuó en su día, porque entiende que electoralmente perjudica a su partido.
El problema es que necesita una coartada políticamente vendible. Si pudiera desandar el camino, el secretario general del PSPV lo haría, pero el asunto está ya muy maduro en los tribunales. Alarte necesita un argumento para justificar el cambio de criterio y, de paso, convencer a los que firmaron el recurso (los doce concejales) y a los que han rubricado todas las actuaciones posteriores ante el TSJ -desde el ex portavoz municipal, Rafael Rubio, a su sustituta, Carmen Alborch- de que hay que plegar velas por interés electoral. Los socialistas piden por eso que han de cambiar las circunstancias del plan, principalmente respecto a la volumetría aprobada, que debería reducirse, según este partido. Otra de las variables barajadas que podrían facilitar que se cerrará un acuerdo sería incorporar suficiente vivienda de protección oficial.
Cuadrar el círculo de intereses
Y en cualquier caso, la dirección socialista pretende que el club de Mestalla lance un mensaje a la afición de reconocimiento a la generosidad de quienes presentaron un recurso y finalmente lo retiraron en aras de no perjudicar al club. Un gesto de Manuel Llorente al PSPV que debería ser compatible con la defensa de los intereses generales de la ciudad de Valencia, que fue la bandera enarbolada por el grupo de la oposición cuando decidió ir a los tribunales. Conciliar una y otra posición es la intención de Alarte. Esto es, cuadrar el círculo de intereses (del Valencia, de la ciudad y del PSPV) en la exposición de motivos ante la opinión pública.
Conviene recordar que Jorge Alarte se rascó el bolsillo y compró acciones de la SAD de Mestalla en el proceso de ampliación de capital. Fue un gesto personal y político de amor al escudo del murciélago sobre fondo blanco.
La gestión directa del plan a cargo de Aumsa está en la picota
El modelo de gestión del PAI es uno de los frentes por los que el PSPV ha atacado. Fue el Valencia CF quien, arguyendo mil razones salvo su anemia económica, presentó, el 18 de octubre de 2006, la propuesta de modificar el PGOU en Mestalla con la reclasificación de suelo de uso deportivo a residencial. El proyecto es el despacho de Escribano y Martínez Morales. Pero el Ayuntamiento, a través de Aumsa, asumió la gestión directa del plan como agente urbanizador. El PSPV denunció que era un fraude legal para evitar el concurso y mantener a los técnicos . Y parece que el TSJ no le está dando la espalda.
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