La designación de Madrid como sede de los Juegos de 2020 era especialmente necesario para revertir la actual dinámica del deporte olímpico español, que afronta ahora cuatro años más (por lo menos, hasta que se intente optar a la cita de 2024) entre la incertidumbre y la precariedad para el deportista. La coyuntura de crisis ha supuesto, por efecto dominó, una caída en el apoyo tanto de la empresa privada como de las instituciones al fomento de la actividad deportiva. Y prueba de ello no sólo es la desaceleración en el número de medallas conseguidas en las últimas citas (en descenso desde Atena 2004), sino en el hecho palpable de que el deportista de élite tiene cada vez más problemas para obtener una ayuda.
El pasado mes de agosto se supo un caso tan grave como el protagonizado por Mireia Belmonte quien tuvo que pagar 500 euros de su bolsillo para poder participar en una prueba de la Copa del Mundo. Unas miserias que se han acentuado en los últimos años con todo tipo de deportistas, que se han visto privados para poder actuar en competiciones internacionales por esa falta de recursos.
Una cita a siete años vista habría reactivado el programa ADO, destinado a profesionalizar a los mejores deportistas. El pasado mes de diciembre, el Comité Olímpico Español reconocía que el programa destinado a Rio de Janeiro 2016 preveía alcanzar los 35 millones de euros, por los 51 de que se dispusieron en el ciclo olímpico de Londres 2012. En Barcelona 92, el tejido empresarial se sumó de forma entusiasta, ayudado además por las ventajas fiscales. Actualmente, el programa lo sostienen como socios patrocinadores Telefónica, Coca Cola, El Corte Inglés, La Caixa, Estrella Damm, Loterías del Estado y Repsol, así como RTVE, así como las empresas Correos, Cola Cao, Leche Pascual y Allianz.
Las federaciones deportivas se han convertido en los últimos años en auténticos baños de lágrimas por la falta de recursos económicos, acentuados cuando se trata de federaciones autonómicas.
