La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al juez que investigue la ampliación de capital del Valencia. Según pudo confirmar ayer Levante-EMV, la Sala ve indicios de delito en la querella presentada en su día por un grupo de accionistas de la sociedad de Mestalla, liderados por el abogado valenciano Andrés Sanchis. De esta forma, el juzgado de instrucción número 3 de Valencia retoma la causa con todas sus consecuencias. Llamará otra vez a declarar a los cuatro imputados, que podrían ser más si así lo considera el juez. El expresidente del club, Manuel Llorente; el exdirigente de la Fundación Valencia CF, Társilo Piles; el exdirector de Bancaja, José Luis Olivas y el exvicepresidente y entonces responsable financiero del Valencia, Javier Gómez, ya habían sido citados en su día por el juzgado. Están señalados como los principales responsables de una ampliación que no cumplió con los fines anunciados en su día. El auto hace incidencia en que se reciba la máxima información al respecto. Así que se espera que sean citados a declarar, en este caso como testigos, el entonces director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada, y el exconseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps.
Los demandantes presentaron esta denuncia por «presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos» en la ampliación de capital, una operación forzada para que el club no cayera en manos de la empresa Dalport en verano de 2009. Aquella ampliación de capital fue suscrita fundamentalmente por la Fundación Valencia CF, que se convirtió en accionista mayoritario del club, con un 70 por ciento de los títulos, gracias a un préstamo de 75 millones de euros concedido por Bancaja „actualmente Bankia„, con el aval de la Generalitat. La extinta plataforma valencianista Nou València denunció aquella operación, al comprobar como el club y la Fundación no siguieron con la hoja de ruta: No repartieron las acciones, como estaba previsto. Aquella querella fue admitida a trámite y seguidamente fue archivada el pasado mes de julio.
La Audiencia Nacional reactiva ahora la causa porque ve claros indicios de delito en aquella maniobra de 2009, cuyas consecuencias económicas y sociales han sido nefastas para el valencianismo. «Si se obtuvo un préstamo de 75 millones de euros, sin que la fundación tenga capacidad económica para devolverla o pagar los intereses, y si además se dispuso de una parte de ese dinero para finalidades diferentes (...), es factible pensar a nivel hipotético en la causación de un perjuicio a los socios como consecuencia de una gestión social incorrecta. Y todo esto permite estimar que es prudente la iniciación de una penal dirigida a investigar si es cierta, o no lo es, esa hipótesis delictiva», relata el auto dictado ayer por la Audiencia Provincial.
«Un grave perjuicio para el club»
La Sala recuerda que el dinero obtenido por la ampliación (92,4 millones de euros) no fue utilizado para regularizar la situación económica del Valencia. Que la masa social resultó engañada. «Se indica en la querella que fue destinado a elevados pagos a dirigentes de la entidad Valencia CF, que no deberían haberse satisfecho si se tiene presente el mal estado económico de dicha entidad», indica. Y añade que ese préstamo «generaba unos intereses que la fundación beneficiaria no tenía capacidad de pagar, porque no generaba ningún ingreso. Y tras el transcurso del plazo de los tres años previsto para que el plan de viabilidad funcionase, nada se consiguió», prosigue. El escrito recuerda como los querellantes inciden en que se ha producido «un grave perjuicio económico para el Valencia y sus socios».
Con todo esto, el Tribunal ordena al juez que analice «qué se ha hecho con esa cantidad de 75 millones de euros, que es una muy relevante cantidad de dinero, sin que la fundación tenga capacidad económica para devolverla». «Para esto habrá que analizar qué se ha hecho con esa cantidad, (...) y además los dirigentes del Valencia CF y de la Fundación VCF habrán de explicar con el suficiente detalle a qué finalidades se destinó el préstamo mencionado, de tal manera que con tales explicaciones disipen cualquier duda sobre la causación de algún perjuicio económicamente evaluable causado a los socios», prosigue.
La causa fue reactivada en octubre por el fiscal, en todo caso, al pedir por iniciativa propia al juez que reclamara al Valencia la «due diligence» realizada el pasado verano. Esta auditoría ha sido adjuntada a la demanda y en ella el juez podría ver si hay supuesto delito en la recompra de la parcela de Mestalla al expresidente Juan Soler.
