La jueza Laura Alabau ha suspendido de nuevo, aunque de forma provisional, el aval del Instituto Valenciano de Finanzas en el crédito que en 2009 permitió a la Fundació Valencia CF hacerse con la mayoría accionarial del club. Un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reinstaurara al Consell como avalista, al devolver la causa al Juzgado para que incluyera a Bankia como parte, todo vuelve a estar como al principio. Una situación circunstancial, y pendiente de una nueva sentencia, pero que no hace sino reforzar la postura del banco de vender la Sociedad Anónima Deportiva a quien garantice el pago de la deuda y liberarle así de un problema que lleva camino de dilatarse en los tribunales varios años aún. La magistrada, además de dar la razón a los dos accionistas que pidieron la suspensión cautelar del aval, tumba la pretensión de Bankia de que los demandantes presentaran una garantía de 2.400.000 euros como contraprestación a los 24.000.000 millones que deberá provisionar.

La jueza recuerda a la entidad financiera "la doctrina de los actos propios en torno a la observancia de las normas crediticias, a la hora de conceder un crédito a quien no contaba con ingresos ni patrimonio para resarcirlo". Tanto el IVF como Bankia se habían opuesto a esa suspensión cautelar ahora acordada. La magistrada entiende que concurren las mismas circunstancias que le llevaron a decretar la ejecución provisional de la sentencia, y subraya el "perjuicio" que la ejecución del aval tendría "para el interés público". Supondría, en su opinión, "destinar al pago del crédito otorgado para la compra de acciones de un club recursos necesarios para atender servicios públicos esenciales dada la actual coyuntura económica, criterio apenas combatido por quien ostenta la competencia de defensa de dicho interés público, la Administración demandada". Considera que existe una "indiscutible preeminencia del interés público invocado frente al particular del acreedor afectado".

El vicepresidente del Consell, José Císcar, calificó ayer de "alivio" la suspensión cautelar del aval del Instituto Valenciano de Finanzas a la Fundación y aprovechó para pedir, públicamente a Bankia, que la operación de venta del Valencia se base en criterios sociales y deportivos y no únicamente económicos. Císcar, sin embargo, remarcaba que "todo esto es provisional y luego tiene que haber sentencia definitiva". En este punto, reiteraba que la Generalitat "siempre ha dicho que el aval se dio en una situación económica totalmente diferente y hoy no se daría porque las situaciones que hay son otras". Císcar expresaba ayer su deseo de que esto "se solucione cuanto antes" y "de la mejor manera posible" para el Valencia CF, y ha pedido que la oferta que escoja la entidad no sea solo una buena oferta económica, sino también desde el punto de vista social y deportivo. "Deseamos y tenemos la convicción -añadía-, de que Bankia lo tiene muy claro y va a buscar un inversor con un proyecto social y deportivo claro, definido y que sea del agrado de los aficionados y seguidores del Valencia CF". En este proceso de venta lo que también "preocupaba" al Gobierno valenciano, era cómo iba a quedar el aval: "estábamos dispuestos a trabajar para que en esa venta se procurar liberar el aval, algo que Bankia había aceptado de buen grado. Ahora, con la suspensión cautelar, esta circunstancia tampoco se da". Preguntado por si el Consell piensa intervenir en esta venta, contestó: "el Gobierno ni ha tenido ni va a tener ninguna intervención en ninguna venta. No es nuestra competencia".