El colectivo de «bebés robados» ha perdido la paciencia y, tras meses de quejas por el archivo constante de denuncias por parte de la Fiscalía, está dispuesta a poner en conocimiento del juez esta situación. Así lo manifestó ayer Enrique Vila, letrado de la asociación SOS Bebés Robados, quien tiene previsto reunirse mañana martes con la fiscal jefa, Teresa Gisbert; la fiscal decana de menores, el jefe del grupo de menores de la policía nacional y un representante de la Policía judicial.
Vila, según relata a Levante-EMV, decidió solicitar a principios de este mes, «por deontología», una reunión con la fiscal jefa «antes de iniciar acciones legales» por lo que entiende que es dejación de funciones respecto a los casos de niños separados de sus madres al nacer: «Queremos que nos den explicaciones del porqué de la mayoría absoluta de los archivos; por qué no se judicializa lo que para cualquier jurista sí existe delito; por qué esta actitud», apunta.
Según los cálculos del abogado, entre dos de las asociaciones que centralizan muchos de estos casos (SOS Raíces y SOS Bebés Robados) debe de haber en torno a 200 denuncias sólo en la provincia de Valencia. «Y todas las interpuestas han acabado en archivo por falta de pruebas, prescripción, por no encontrar a los culpables... Ni en un sola encuentran un mínimo indicio de delito. Parece dirigido, en mi opinión», valora.
«Quiero que me expliquen en qué ha consistido su actividad y por qué de archivos masivos e injustificados que se han producido de una forma inexplicable que para mi roza la prevaricación», apuntó Vila en la Cadena Ser. «Hay casos en que el delito es patente y hay pruebas contundentes», añade.
En opinión del letrado, en alguno de estos casos puede haberse producido prevaricación u obstrucción a la justicia, aunque en caso de recurrir al juez dejarían a su criterio la calificación de posibles delito.
Para la ONG se trata en ocasiones de casos flagrantes a los que no se ha prestado atención. Uno de sus clientes, relata, es un «hijo falso». Su padre, que ya murió, le confesó que lo compró por 200.000 pesetas y lo inscribió como hijo propio. «Va por la calle con un DNI falso, pero la denuncia terminó en archivo porque dicen que no pueden encontrar a nadie. Ni llamaron a declarar al padre», apunta Vila.
Un bebé con partida de defunción
En otro caso, añade el letrado, el afectado tiene su propia partida de defunción, siendo un bebé. Según el defensor, alguien falsificó la partida del hombre y su hermana, para que los padres pudieran elegir entre niño y niña, pero olvidaron destruirla y la encontró la Policía judicial, aunque se tomó como un error administrativo.
No es la primera vez que desde la ONG ponen en cuestión el archivo de sus posibles casos por parte de las fiscalías de la Comunitat Valenciana. Hace poco más de un año, la asociación trasladó a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y al Defensor del Pueblo que el 95% de los casos no pasaban de la denuncia. En aquel momento, abril de 2013, se puso de manifiesto que la Fiscalía de Castelló, «por sistema» archivaba todos los casos que le llegaban.
