Un material tan sensible como el trinquete de Pelayo preocupa desde que las negociaciones para el cambio en su titularidad están rotas. El dueño de la instalación, Jaime Amorós, aseguró ayer a levante-EMV que las dos opciones para garantizar la supervivencia, el arrendamiento o la venta, están abiertas «pero siempre que haya un mínimo de entendimiento».

Amorós pertenece a la tercera generación de propietarios de la legendaria instalación y no dudaba en mostrar su contrariedad «porque se esté diciendo que la tiene "un señor de Santander". Soy valenciano, mis recuerdos son del trinquete con mi abuelo y mi tío. He visto jugar allí a Juliet d´Alginet. Soy doctor en física por la Universitat de València y si me marché fue simplemente por una cuestión de trabajo. El triquete lo compró mi abuelo en 1923 y nunca lo hemos gestionado nosotros. Siempre ha sido por arrendamiento».

Como se recordará, Amorós y el empresario José Luis López rompieron el viernes las negociaciones al no haber acuerdo ni en la forma de explotación ni en las cantidades. «Estoy molesto por cómo han ido las negociaciones con el señor López. No lo puedo negar. Se habló de un arrendamiento en el que yo perdía bastante dinero respecto a lo que cobraba hasta ahora. De verdad que no quiero encenderme, porque se han dicho muchas cosas injustas hacia mi. Yo perdía 7.500 euros en diez años. Yo mantengo esa oferta, teniendo en cuenta, además, que permitiría otras líneas de explotación».

¿Por qué es tan reticente a vender? «Porque lo mínimo que puedo pedir es un precio justo. Se habla de que el inmueble no vale lo mismo ahora porque estamos pasando la crisis inmobiliaria... pues yo no la he notado al pagar impuestos. La propuesta de venta es menor al valor en que fue tasado, además con un pago a partir de dentro de cinco años, cuando creo que el señor López no tiene problemas de liquidez. No se me ofrece ninguna fianza... no puedo vender algo así a precio de saldo».

Las instituciones también han mostrado su inquietud por el tema y ya se habla incluso de una posible expropiación del inmueble. Amorós lo ve posible «pero para algo está el estado de derecho. Una cosa es una expropiación y otra una incautación. No creo que una institución hiciera esto último. Y recuerdo que, en 2009, a efectos del Impuesto de Sucesiones, fue valorado por la propia Generalitat Valenciana en 637.000 euros. Con la mano en el corazón, visto lo visto, da la sensación de que sería mejor negociar con un estamento público».

Amorós concluyó asegurando que «si realmente hay tanta sensibilidad con el tema, la oferta está abierta a cualquiera».