La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha lamentado que en el circuito de velocidad Ricardo Tormo, en Cheste, los avances para limitar la exposición al ruido ambiental hayan sido "mínimos", al tiempo que ha detallado que se sigue a la espera de recibir la información sobre el cumplimiento de las medidas correctoras.
Becerril ha reclamado medidas para limitar la exposición al ruido ambiental urbano por sus implicaciones sobre la calidad de vida y la conservación del entorno, en un año en que vuelven a bajar los expedientes medioambientales.
Las quejas por contaminación acústica, especialmente las generados por grandes infraestructuras, son las más numerosas en el informe anual que la titular de esta Institución ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a los aeropuertos, el informe constata que continúan sin aprobarse las servidumbres aeronáuticas acústicas de aeropuertos como Valencia, Bilbao, Ibiza, Málaga y Sevilla, por lo que desde esta institución se ha formulado una resolución a la Dirección General de Aviación Civil para agilizar los trámites.
El documento, relativo a 2015, recoge 446 quejas de carácter medioambiental frente a las cerca de 500 interpuestas en 2014 y las 612 que se recogieron en el año 2013.
Entre los problemas específicos detectados por el ruido ambiental urbano, el informe apunta a los procedentes de los locales de ocio, actividades comerciales, como supermercados o mercadillos semanales, eventos deportivos y los generados por las grandes infraestructuras.
Estos últimos efectos son muy "significativos", debido al número de personas a las que afectan y por la demora de la Administración en su mejora, destaca el informe.
Al analizar el impacto de las carreteras, la Defensora del Pueblo critica que la Administración "no adopta o demora" la adopción de medidas preventivas y correctoras del ruido, en particular la instalación de pantallas acústicas por la escasez de disponibilidad presupuestaria o por la falta de aprobación de los mapas de ruido.
Esta última circunstancia no impide adoptar medidas provisionales para cumplir los niveles de ruido exigidos, señala el informe, que añade que es irrelevante que las viviendas se construyan antes o después que la infraestructura, pues es ésta la que debe adaptarse a la nueva situación.
En el apartado relativo al agua, se han recibido quejas relativas a cuestiones competenciales en actuaciones en defensa del territorio contra las inundaciones y limpieza de cauces, especialmente cuando los ríos discurren por casco urbano.
La Defensora del Pueblo también reitera que las actuaciones para prevenir inundaciones "no son competencia exclusiva de las confederaciones hidrográficas" y que su planificación "está más próxima a la ordenación territorial y urbana".
El informe manifiesta las quejas continuadas por la falta de información ambiental sobre diversas cuestiones como la concesión de permisos extraordinarios de caza de determinadas especies, los precios que cobra la Agencia Estatal de Meteorología por la información o el fracking.
En la información relativa al empleo de la fractura hidráulica, señala que ante la negativa de Medio Ambiente el pasado año de divulgar datos a este respecto, la Defensora solicitó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) un informe propio elaborado con sus recomendaciones, y de momento ha rechazado "la sugerencia".
En el capítulo de conservación de espacios naturales, las quejas más frecuentes son las relativas a la falta de reparación de los daños causados por empresas que finalizaron su actividad hace décadas, mientras que la falta de presupuesto sigue siendo la justificación aducida por las administraciones para eludir medidas de control.
Sobre los efectos letales en buitres y otras especies necrófagas del uso veterinario del diclofenaco, el informe señala que las autoridades españolas no han considerado preciso aplicar el principio de precaución y se remiten a las posibles prohibiciones o restricciones que adopte la Comisión Europea.
Por otra parte, se ha recibido este año un número considerable de quejas relacionadas con los animales domésticos, en su mayoría por abandonos de perros, molestias por ladridos si los animales están solos y por las condiciones higiénico-sanitarias de los mismos.
