La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ratificó ayer la prohibición de la Subida al Garbí, fijada para el próximo fin de semana por la organización y para la que ya hay más de 50 coches inscritos. La prueba decana del automovilismo de montaña de la Comunitat Valenciana se ha convertido estas semanas en un elemento de enfrentamiento en los despachos de la Generalitat Valenciana, con el Ayuntamiento de Serra como principal perjudicado. Mientras Medio Ambiente (gobernado por Elena Cebrián, de Compromís) insiste en su negativa, de acuerdo a una orden de 2010 referente a la protección del parque natural de la Sierra de la Calderona, la dirección general de Deportes (también de Compromís) apoya la celebración de la carrera. Lo mismo que el consistorio de Serra, dirigido por el alcalde socialista Javier Arnal. Vista la determinación de este último a celebrar el rally, el Consell pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat que ha confirmado los partes técnicos desfavorables. A falta de 5 días para la celebración de la carrera, el alcalde del municipio, Javier Arnal, y el resto de la organización (Club de Automovilismo Bengala y Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana), no se rinden. Creen que tienen recursos jurídicos suficientes para que los coches salgan a competir.

Según informó ayer la Generalitat en un comunicado, el informe responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Serra en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en fecha 15 de noviembre de 2016. La respuesta de la dirección territorial se sustenta en el artículo 7 del Plan de Uso Público del Parque Natural de la Sierra Calderona, de 2010, que prohíbe las competiciones de vehículos a motor en el parque y mantiene el criterio que sirvió para denegar la solicitud presentada en 2015.

El director general de Medio Natural, Antoni Marzo, subrayó que «no obstante, y ante la pretensión del ayuntamiento de celebrar la prueba automovilística en 2016, Medio Natural solicitó un informe de la Abogacía de la Generalitat que refuerza tanto los informes técnicos de la Conselleria al respecto, como el desfavorable que finalmente se ha adoptado, remitido al Ayuntamiento».

Mientras, el director general de deportes del gobierno valenciano, Josep Miquel Moya, acata la decisión. Pero no esconde su deseo: «Me gustaría que se hubiese celebrado. Yo creo que el efecto de la carrera en el parque es el mismo que el de la circulación habitual de vehículos», asegura. «El problema es que no se ha instado en los últimos años a un cambio en la normativa», añade.

Ahora, el abogado del Ayuntamiento de Serra estudia el informe para decidir hoy qué medidas tomar ante una prueba que está previsto presentarse mañana. El consistorio argumentó su decisión de celebrar el rally, tal como publicó Levante-EMV en la edición del pasado miércoles, en una ley autonómica y un decreto de rango superior. Por una parte, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Generalitat Valenciana (2003) dispone que «el ayuntamiento es la administración competente para autorizar o denegar las actividades que discurran dentro del término municipal».

Una segunda vía jurídica parece respaldar la carrera. Se trata del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), un decreto de 2001 por el cual «se prohíbe, con carácter general, la realización de competiciones deportivas de vehículos con o sin motor, como rallys o carreras de trial, salvo las que se desarrollen en carreteras asfaltadas (...)». La Subida al Garbí se disputa sobre un tramo asfaltado de 4,3 kilómetros por el que discurren 385.000 vehículos al año.

El Consell concedió una autorización excepcional de 5 años en 2010. Con ello se quería otorgar a los agentes socioeconómicos implicados un plazo suficiente «para desarrollar y consolidar otro tipo de iniciativas de desarrollo turístico mucho más acordes con la sostenibilidad y los objetivos de conservación del espacio natural protegido, así como estudiar alternativas para la prueba deportiva que no afectaran al parque natural.

La dirección territorial consideró que modificar el Plan de Uso Público de 2010 «sería contrario a derecho y a los principios, fines y objetivos que persigue la normativa de protección del medio ambiente».