La C. Valenciana ya cuenta con 98.300 familias sin perceptores de ingresos

José Luis Zaragozá, Valencia
Los últimos datos conocidos sobre la evolución del mercado laboral de la Comunitat Valenciana son realmente drásticos al detectarse que el incremento del número de parados ha dejado a 98.300 familias cuyos miembros no reciben ingreso alguno, lo que afecta a 189.200 personas. Según constata la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2009, el mayor porcentaje de viviendas sin prestaciones ni subsidios se sitúa en Valencia (5,9%), seguido por Castelló (5,2%) y Alicante (4,2%).
Mientras los agentes sociales reclaman a las administraciones públicas que impulsen medidas urgentes para garantizar rentas mínimas a los desempleados sin cobertura social -tal como exigieron en la reunión del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace) del pasado jueves- el mercado laboral de la Comunitat Valenciana refleja 467.600 casas que no tienen personas en edad de trabajar (la comprendida entre los 16 y los 64 años), lo que supone el 24,6%. El citado porcentaje se eleva al 31% si se tienen en cuenta el volumen de viviendas sin ocupados. Además, 130.900 viviendas (57.100 de Alicante, 16.400 de Castelló y 54.400 de Valencia) tienen a todos sus activos en situación de desempleo.
En el otro lado de la balanza, los hogares con todos los activos ocupados se elevan a 1.034.200, que suman casi tres millones de ciudadanos y representan casi el 60% de la población. La tasa de paro en la Comunitat es del 19,2% y eso supone 491.200 personas desempleadas, según la EPA del primer trimestre de 2009. La tasa de paro en España es dos puntos inferior, aunque también la más alta de Unión Europea (UE) y muy superior a la de la zona del euro (8,5%).
Ante esta situación del mercado de trabajo, recomienda el último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), "sólo caben soluciones drásticas en cooperación con el resto de Europa, dirigidas a resolver los problemas de escasez crediticia y estimular la actividad económica tanto pública como privada". En ese sentido, el citado estudio aboga por plantearse, siempre a través del diálogo social, reformas laborales que impulsen el contrato a tiempo parcial, entre otras medidas.