EFE / LEVANTE-EMV.COM El nuevo Reglamento autonómico de Viviendas de Protección Pública eleva el límite de ingresos familiares en la renovación de adjudicaciones hasta 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para que la familias que mejoren su situación puedan permanecer en ellas.
Así lo ha anunciado hoy el conseller Medio Ambienta, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, tras la reunión del pleno del Consell en la que se ha aprobado esta medida, que tiene como principales objetivos mejorar la eficacia en la gestión de viviendas de protección pública, aumentar la seguridad jurídica y adecuar la normativa a la coyuntura actual.
En este sentido, el nuevo Reglamento "mejora" las condiciones anteriores de acceso a las viviendas respecto al límite de ingresos de los adjudicatarios, el sistema de fijación de precios de venta y renta y el de ponderación de los precios.
Según indica, los ingresos familiares no podrán exceder de 2,5 veces el IPREM para ser adjudicataria de la vivienda de promoción pública, si bien, para la renovación de los contratos de adjudicación el nivel de los ingresos familiares ponderados se eleva hasta 3,5 veces el IPREM.
García Antón ha dicho que el objetivo de esta disposición del Reglamento es "consolidar los barrios" y evitar la movilidad y "desvertebración" de las familias, ya que muchas de ellas se ven obligadas a dejar la vivienda cuando mejoran su situación.
Otro de los puntos destacados, según ha indicado el conseller, es la percepción de las cantidades por reserva de vivienda protegida, que ahora deberán estar garantizadas por el promotor.
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, para la percepción de cantidades por reserva será necesaria la autorización de los Servicios Territoriales de Vivienda y el importe máximo será del 5% del coste de la vivienda.
Respecto a las ayudas para el pago de los alquileres, el reglamento tiene en cuenta la cuantía de la renta para que las familias con los mismos ingresos y los mismos miembros paguen lo mismo independientemente de que el inmueble sea de renta antigua o nueva, ha explicado el conseller.
Otra de las novedades es el "visado de garantía", surgido de un acuerdo entre la Consellería y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat.
Aquellos proyectos que dispongan de este visado no necesitarán revisión por parte del personal técnico de los Servicios Territoriales de Vivienda, en materia de accesibilidad y habitabilidad, lo que según García Antón "solventará todos los trámites con mucha mayor rapidez" y agilizará la "entrega de llaves".
El nuevo Reglamento también dota de una "mayor agilidad" al trámite de conversión de viviendas libres en construcción, o ya terminadas, en viviendas de protección pública, lo que contribuye a "dar salida" al excedente actual.
En cuanto al precio de venta de las viviendas de promoción pública, se han adoptado unas valoraciones similares a las que emplea el catastro para unificar criterios.
De esta forma el precio resultará de multiplicar el precio de referencia por los coeficientes de depreciación relativos a la antigüedad y calidad constructiva, el estado de conservación de la vivienda y otros coeficientes correctores que atienden a la situación del barrio y el estado general del edificio.
Según ha remarcado el conseller, el nuevo Reglamento, mejora la eficacia de la gestión de las viviendas de protección pública, aumenta la seguridad jurídica de sus ocupantes, "agiliza las promociones" y "consolida la residencia", entre otros logros.
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