El recibo de la luz no subirá para 586.000 hogares valencianos a partir del 1 de julio

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA El recibo de la luz subirá a partir del 1 de julio, fecha en la que se producirá la liberalización del mercado eléctrico en España. Con todo, algunos valencianos verán congeladas las facturas mensuales que pagan en la actualidad hasta el año 2012: se trata de unos 586.000 hogares -la compañía eléctrica aglutina 3.320.000 clientes en la Comunitat Valenciana- que tienen contratada una potencia inferior a 3 kilowatios (kW), uno de los requisitos establecidos por el Gobierno para poder acogerse al denominad0 bono social. Además, pueden solicitarla otros colectivos como los pensionistas, los parados y las familias numerosas, con lo que la congelación de la mencionada tarifa eléctrica afectaría a una cifra mayor en esta autonomía.
Mientras el Gobierno fija el anunciado indicador de renta per cápita -en función de cuestiones sociales, de consumo y de poder adquisitivo- se podrán acoger al mencionado bono social, aparte de los hogares que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW, los jubilados con pensión mínima mayores de 60 años, las familias numerosas (tres hijos o más) y los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo.

Colectivos beneficiados
La Comunitat Valenciana cuenta con 507.305 jubilados (166.837 en la provincia de Alicante, 73.517 en Castelló y 266.951 en Valencia, según los últimos datos de la Seguridad Social), así como 93.000 personas con incapacidad permanente y 231.337 con pensión de viudedad. También se incluye como beneficiados las 38.061 familias numerosas, así como las casi 80.000 hogares con todos sus miembros en situación de desempleo.
El bono social se aplicará sólo a personas físicas y en su primera residencia o domicilio habitual. Con todo, y en vísperas del 1 de julio, el Gobierno tiene pendiente todavía el desarrollo de una norma que establezca cómo deberán acreditar los consumidores el cumplimiento de los requisitos necesarios para poder acogerse a dicha bonificación. Además, este lunes fijará las tarifas de último recurso (TUR), precios máximos que mantendrá el Gobierno a los consumidores domésticos de menor poder adquisitivo para paliar la supresión de las tarifas eléctricas reguladas, que no incluirán ningún tipo de impuestos.
A dicha tarifa TUR podrán optar únicamente aquellos clientes con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, siempre que no deseen acudir al mercado libre como tendrán que hacer obligatoriamente aquellos consumidores con una potencia superior a 10 KW. La tarifa TUR se podrá contratar sólo a través de las cinco comercializadoras autorizadas por el Ejecutivo central: Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, Endesa Energía XXI, Unión Fenosa Metra, HC Energía Último Recurso y E.On Comercializadora.

Demasiadas incógnitas
Mientras tanto, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) asegura que aún existen demasiadas incógnitas acerca del proceso de liberalización de tarifas eléctricas. Esta organización de consumidores resalta su disconformidad con la forma en la que se está desarrollando la liberalización del sector eléctrico, ya que la información que se transmite al usuario, aseguran desde CECU, es "escasa y, en ocasiones, amenazante; y porque todavía quedan pendientes demasiados aspectos que afectan al consumidor", asegura la CECU a través de un comunicado.
La asociación dice haber remitido además a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cartas enviadas por comercializadoras a sus abonados donde, "en un lenguaje ciertamente amenazante", se les advertía de que, si no tramitan un nuevo contrato con la compañía el 1 de julio, pasarían a una nueva tarifa más cara y que subiría progresivamente.