E. P./LEVANTE-EMV MADRID/VALENCIA
El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de una ayuda de 420 euros durante seis meses a los desempleados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). De este modo, beneficiará desde el 1 de agosto con efecto retroactivo a unas 340.000 personas. La ayuda podrá ser prorrogable cada seis meses, siempre que la tasa de paro no baje del 17%. El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró que el número de beneficiarios en la autonomía será de 39.105 e incidió en que la previsión en la Comunitat es "superior a la que nos correspondería por la población, debido principalmente a que en los últimos meses la autonomía se ha caracterizado por la destrucción de empleo".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que se trata de "una medida extraordinaria, de duración limitada", que contará con una prestación de 642 millones de euros. El presupuesto correrá a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras que las comunidades autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo. Los beneficiarios de este programa deben cumplir unos requisitos, como que sean menores de 65 años, que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo desde el día 1 de agosto y los 180 días naturales siguientes a esa fecha y no tengan derecho a subsidio, siempre que hayan extinguido por agotamiento, incluidas las prórrogas, los subsidios por desempleo. De este modo, el beneficiario asumirá un compromiso de empleo con su región y participará en un itinerario de formación y empleo. Las ayudas, que son incompatibles con otras concedidas por las administraciones, deberán ser solicitadas a los dos meses de haber agotado la prestación. El coordinador de economía del PP, Cristóbal Montoro, apoyó esta iniciativa aunque la considera "ineficaz" para solventar la crisis. La CEOE valoró la iniciativa, si bien advirtió de que las medidas para luchar contra la crisis "no deben quedar sólo en ayudas y subsidios".
Por otro lado, el Consejo de Ministros leyó ayer un primer informe sobre la futura Ley de Economía Sostenible, una norma prometida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el último debate sobre el estado de la nación, pero cuyo diseño aún está "incipiente".
Los autónomos podrán recibir entre 583 y 1.383 euros por cese de actividad
Los trabajadores autónomos podrán cobrar una prestación por cese de actividad que oscilará entre un mínimo de 583,38 euros y un máximo de 1.383,9 euros mensuales en el caso de tener dos o más hijos, según un informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración remitido ayer al Consejo de Ministros. Esta propuesta de un sistema de prestación por cese de actividad establece que la cuantía del subsidio será del 70% de la base de cotización de los doce meses anteriores (la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para 2009 es de 833,40 euros).
La prestación se cobrará durante dos meses si se ha cotizado entre 12 y 17 meses inmediatamente antes del cese; durante tres meses para la de 18 y 23 meses; durante cuatro meses para la de 24 a 29 meses; durante cinco meses para la de 30 a 35 meses, y durante medio año para las cotizaciones superiores a 36 meses (durante nueve meses para las personas mayores de 60 años).
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que el modelo, estudiado ayer en primera lectura por el Consejo de Ministros, pretende ser "contributivo, solidario y financieramente sostenible". De la Vega reiteró la "especial importancia" de estos trabajadores, en alusión a estas medidas y las aprobadas en julio (bonificaciones a la contratación y aumento de la capitalización del paro para crear autoempleo, entre otras).
425 euros para los pensionistas que vivan de alquiler
El Gobierno aprobó ayer un real decreto por el que se establecen los criterios para el reconocimiento, tramitación y pago de un complemento anual de 425 euros para los perceptores de pensiones no contributivas que residan en una vivienda de alquiler. La medida, incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, beneficiará a 14.000 pensionistas, de los 458.000 pensionistas no contributivos de jubilación o de invalidez existentes en España. El coste de esta ayuda será de 5,9 millones de euros, que serán abonados íntegramente por el Gobierno central.
Los beneficiarios deberán tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social de carácter no contributivo en la fecha de solicitud y carecer de vivienda en propiedad. Además, deberán ser arrendatarios de la vivienda en la misma fecha y no tener relación de parentesco hasta el tercer grado con el arrendador de la vivienda alquilada. Asimismo, el perceptor de la ayuda tendrá que tener fijada su residencia habitual en este inmueble. Las solicitudes de esta ayuda deberán presentarse en las comunidades autónomas. La cuantía del complemento de pensión en 2007 fue de 350 euros y en 2008 de 357 euros, quedando fijado para 2009 en 425 euros, el de mayor incremento de todos los habidos hasta la fecha.
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