¿Mejor subir los impuestos que combatir el fraude?

Y en esa misma tesis parecen coincidir con la mayoría de los ciudadanos, según la encuesta sobre Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2008, hecho público precisamente esta semana. Según este informe del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, un 83% de los entrevistados estima que todavía existe margen de maniobra antes de pensar en subir los impuestos y en modificar las condiciones de la oferta pública de servicios y prestaciones. Así, "una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los recursos suficientes para mantener la cantidad y calidad de la oferta pública de servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal actualmente existente", se afirma en el documento.

Entre la mayoría de los ciudadanos predomina la percepción de que el fraude fiscal ha aumentado en los últimos diez años. Y el dedo acusador es bastante coincidente: dos tercios de los entrevistados considera que existen colectivos que evaden impuestos de forma habitual y continuada, empezando por los empresarios, seguidos a cierta distancia por los profesionales liberales y los autónomos. De hecho, hasta un 35% de los empresarios entrevistados opina que es su colectivo el que más defrauda. En cambio, existe cierto consenso a la hora de atribuir mayor honestidad fiscal al colectivo de los asalariados.

En términos globales, un 33% de los ciudadanos justifica de uno y otro modo el fraude fiscal, especialmente, si es para salir adelante ante las dificultades económicas (28%) y, en menor medida, porque considera que lo normal es evadir impuestos (5%). Un 39% de los encuestados cree que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles.

Bajo sospecha

Los datos de la encuesta reflejan otra idea profundamente arraigada entre la ciudadanía: la honestidad tributaria se reparte de manera desigual entre los distintos grupos de contribuyentes de modo tal que, mientras el cumplimiento fiscal de unos ciudadanos es cada vez más correcto, otros ciudadanos persisten en aprovechar cuantas oportunidades tienen a su alcance para defraudar. año tras año, la opinión pública continúa manifestando su convencimiento de que existen colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente Hacienda. Son aquellos colectivos de contribuyentes cuyas actividades económicas, al no estar sometidas a retención están menos controladas por la Administración y pueden ocultar con éxito parte de la renta sujeta a pago de impuestos.

Mientras que, por el contrario, quienes tienen controladas sus rentas mediante el sistema de retenciones, son cada vez más honestos porque carecen de oportunidades para ocultar con éxito sus ingresos. Por eso, los ciudadanos siguen atribuyendo la mejora del cumplimiento fiscal a los mismos factores: sistema de retenciones, principalmente salariales, y a un mayor control de la Inspección de Hacienda.

Impunidad

La opinión pública considera que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país. Pero, al mismo tiempo, la población encuestada en 2008 considera que, junto a éste, existen otros dos factores con una importancia decisiva en la persistencia del fraude. Uno es de índole moral: la "falta de honradez y de conciencia cívica". Y el otro es de índole económica: "los actuales impuestos son excesivos".

Los tipos de fraude considerados socialmente más perjudiciales son similares a los mencionados en años anteriores. Se mantiene la atribución de mayor perjuicio a la economía sumergida. Le siguen los dos tipos de fraude que, aunque se refieren a dos figuras impositivas distintas, en el imaginario popular afectan a la conducta del colectivo empresarial: no ingresar en Hacienda las retenciones salariales a cuenta del IRPF practicadas a los trabajadores, así como no pagar en su integridad el Impuesto de Sociedades.

Daño a la comunidad

Entre los ciudadanos se mantiene la percepción del daño ausado por el fraude fiscal en aquellos aspectos más sensibles para la ciudadanía: provisión pública de servicios y prestaciones, muy especialmente, y presión fiscal; de ahí, las dos sensaciones de injusticia y desmotivación, directamente vinculadas con tales aspectos. De hecho, el 57% de los españoles cree que la oferta pública de servicios y prestaciones ha mejorado en los últimos cinco años. En su conjunto, el grado medio de satisfacción con los servicios y prestaciones públicas es de 2,7 puntos (en una escala del 1 al 4), lo que supone un descenso respecto a la nota recibida en 2007, que fue de 2,8 puntos.

Aunque la proporción de ciudadanos que cree que los servicios públicos han mejorado es alta, ha disminuido la valoración del acceso universal a estos servicios, que apoya el 63% de los encuestados frente al 79% de 2002. El 88% de los encuestados utilizó la sanidad pública, el 83% las infraestructuras y el 85% el transporte público, aunque el porcentaje baja en otros servicios como la educación pública, que dijeron utilizar sólo el 43% de los encuestados. Sin embargo, la educación es el servicio público mejor valorado junto con las infraestructuras, con 2,9 puntos (en una escala del 1 al 4).

Peor valorados

La peor valoración se la llevan las prestaciones por desempleo y las pensiones de jubilación (2,4 puntos), seguidas de las pensiones de enfermedad (2,5 puntos). Según la encuesta, la crisis hizo elevarse en siete puntos el porcentaje de hogares que recibieron en 2008 prestación por desempleo, hasta el 24%, mientras que se percibieron pensiones de jubilación en un 23% de los hogares, frente al 31% de un año antes.

Además, el servicio público que más ha mejorado para los encuestados en los últimos cinco años son las infraestructuras (23%), seguidas de la sanidad (22%) y la educación (16%). Un 13% de los ciudadanos cree que ningún servicio ha mejorado.