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La agrupación profesional de los inspectores de Hacienda de España considera que la actual configuración legal de las sicav (sociedades de inversión mobililaria de capital variable) resta legitimidad al sistema fiscal. El portavoz de la asociación, Francisco de la Torre, explicó ayer a este diario que el problema no es tanto la tributación del 1% -equivalente a la de las instituciones de inversión colectiva- como el hecho de que se haya detectado un fraude en la composición de los accionariados de dichas sociedades. La ley establece que deben contar con un mínimo de cien partícipes, pero en su mayoría son testaferros que dejan en manos de los auténticos propietarios todos los beneficios.
Este hecho ya provocó un arduo enfrentamiento entre Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 2005, al entender las autoridades tributarias que las sicav -herramienta utilizada habitualmente por las grandes fortunas para manejar ventajosamente su patrimonio- no cumplían las condiciones para el tratamiento favorable que les dispensaba el regulador bursátil. Aquel enfrentamiento se saldó con una modificación legal que concedía finalmente el control a la CNMV. "Habría que preguntarse -apuntó De la Torre- porqué la comisión no ha liquidado en estos años ninguna sicav", cuando las inspecciones demostraron en su momento las irregularidades en la composición de los partícipes.
En aquel año 2005, la Inspección de Hacienda levantó actas a más de cuarenta sicav, por una deuda tributaria total que superaba los 60 millones de euros. Y la familia Lladró acumuló a través de algunas de sus sociedades la quinta parte del total reclamado por el fisco.
A juicio de los inspectores de Hacienda, lo más grave de la actual situación es que la Agencia Tributaria no tenga competencias para comprobar si las sicav cumplen con todos los requisitios establecidos por la ley. "No se trata de un problema recaudatorio, sino de un problema de justicia". subrayó Francisco de la Torre.
Explorar otras vías
Para el portavoz de la asociación profesional de inspectores de Hacienda, un incremento de la presión fiscal sobre las sicav en particular y sobre las rentas más altas en general, no será suficiente para compensar la caída en la recaudación provocada por la crisis. En su opinión, las necesidades tributarias sólo se resolverán con una subida de impuestos sobre el IRPF, en el que las rentas del trabajo constituyen hasta un 75% del total. "Al final, cualquier subida impositiva afectará a las clases medias", advirtió.
En ese sentido, señaló que la medida anunciada por el Gobierno de aumentar los impuestos sobre las rentas de capital sólo aportarán unos 1.000 millones extra a las arcas públicas, cuando las necesidades son de 15.000 millones. Según De la Torre, una decisión con verdadero carcáter recaudatorio sería la supresión total de la deducción de los 400 euros en el IRPF implantada el año pasado, lo que generaría un ahorro para el Tesoro de 4.500 millones de euros.
117 millones más de recaudación en la Comunitat
En línea con los cálculos de los inspectores de Hacienda, la asociación de de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculó ayer que un aumento de la presión fiscal de dos puntos porcentuales sobre las rentas de capital y plusvalías supondría un incremento de la recaudación anual de 920 millones. De ellos, 117 millones en la Comunitat Valenciana.
Gestha estima que esta medida es "positiva" porque permitirá acercar los tipos de las rentas del ahorro a las rentas del trabajo, situadas en un 24%. En su opinión, esta dualidad entre ambos impuestos no es acertada porque "se tributa más por trabajar que por vivir de las ganancias del capital, cuando en realidad deben ser aquéllos que obtengan mayores ingresos por rendimientos del capital los que aporten también más".
No obstante, este colectivo considera que la propuesta de gravar las rentas de capital, al contrario que modificar los tramos del IRPF o la fiscalidad de las empresas, tiene una "reducida potencia recaudatoria".
En el año 2007, el Estado recaudó 1.055 millones de euros en impuestos derivados de estas rentas en la Comunitat Valenciana. Los técnicos explican que esta medida afectará a más de 1,3 millones de contribuyentes valencianos pero tendrá mayor impacto en aquellos con mayores ingresos y, por tanto, con mayor capacidad de ahorro. Según los datos de Hacienda de 2007, existen 10.838 contribuyentes de la Comunitat -el 0,8% del total- que declaran ganar más de 150.000 euros por este concepto. Estos obtuvieron unas rentas de capital por valor de más de 2.680 millones de euros en 2007, un 45,7% del total declarado.
