EFE MADRID
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, explicó ayer que las bonificaciones a la contratación cuestan 2.800 millones de euros cada año, por lo que planteó una revisión de estas iniciativas para dedicar los fondos a "algo más productivo". Corbacho señaló que los objetivos iniciales de las bonificaciones eran mejorar la calidad del empleo y favorecer a determinados colectivos, pero éstas se han "universalizado" y algunos expertos sostienen que han perdido "su razón de ser y eficacia". El ministerio ya encargó un informe a la Universidad de Alcalá de Henares, que no es de carácter vinculante, en el que se manifiesta que el efecto de las bonificaciones es prácticamente nulo y no hacen que las empresas suscriban más contratos.
Con respecto a la ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio, el titular de Trabajo calculó que unas 26.000 personas han solicitado ser beneficiarias de la medida desde que entró en vigor el decreto. Además, señaló que la tasa de paro "no pasará del 20%" a no ser que la población activa "se dispare", por lo que el Gobierno mantiene que la tasa será del 18,9% en 2010 si la población activa crece de manera "sostenible".
Por otra parte, consideró que el diálogo social está "herido" y "en época de rehabilitación", pero instó a los agentes sociales a que desbloqueen los convenios colectivos pendientes para pasar a un diálogo social "más amplio".
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