La mitad de los pensionistas valencianos, en la pobreza

EP/LEVANTE-EMV.COM Más de 400.000 pensionistas de la Comunitat Valenciana, el 47 por ciento del total, vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 768 euros para dos personas y 512 euros para una, según señaló hoy el secretario general de la UPJP de la UGT estatal, Pablo Navarro.

Navarro ofreció hoy estos datos en rueda de prensa, acompañado del secretario general de la UPJP de la UGT-PV, Antonio Leal, y del secretario de relaciones internacionales de la federación estatal, Manolo Egido, para informar de la situación económica de los jubilados dentro de una campaña nacional que culminará en octubre con un congreso nacional para reclamar "unas pensiones dignas".

Así, detalló que en la Comunitat Valenciana hay un total de 864.972 pensionistas, de los que 226.622 cobran por debajo de 500 euros, 335.000 por debajo de 700 euros, a las que se deben añadir 46.526 pensiones no contributivas.

Al respecto, puso de relieve que además de este alto porcentaje de pensionistas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que en España afecta a 3.300.000 pensionistas, se debe tener también en cuenta que el actual sistema de revisión de las pensiones "no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo".

De hecho, afirmó que los pensionistas han experimentado una pérdida de poder adquisitivo entre el 10 y el 12 por ciento en los últimos cinco años ya que, explicó, este colectivo dedica el 80 por ciento de sus ingresos a los artículos de primera necesidad --vivienda, alimentación y vestimenta--, cuyo IPC aumenta un 4,5 y un 5% frente al 2% de su subida de las pensiones.

En ese sentido, recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que se debe garantizar a las personas de la tercera edad unas pensiones con una cuantía económica suficiente para vivir dignamente, algo que, subrayó, "ahora no se cumple".

Navarro lamentó que a los pensionistas se les exija un esfuerzo para salir de la crisis cuando a las grandes fortunas de ejecutivos y de capital, "causantes de esta situación, se salen de rositas". Así, cotejó que mientras el jubiliado tributa al 18% el sicav al 1%. "No hace falta que las grandes fortunas españolas se vayan a buscar paraisos fiscales la exterior, ya lo tiene aquí", reprochó.

PENSIONES PRIVADAS

Navarro recalcó que el problema de las pensiones "no es económico sino político". Así, negó que el sistema estatal de pensiones corra el riesgo de quebrar en los próximos años y acusó a la banca y las compañías aseguradoras de crear "esta alarma social" con el objetivo de incrementar la contratación de cobertura privada para la jubilación.

Así, citó siete informes realizados entre 1995 y 2000 que preveían un déficit del sistema para los años 2005 y 2006 cuando realmente hubo superávit. "A los que hicieron estos estudios los habrán despedido. Pues no, los contratan para hacer nuevos estudios en los que se traslada la quiebra del 2010 al 2020 porque fallan en el pronóstico pero no en el objetivo", acusó.

En ese sentido, explicó que estos informes prevén un déficit en la caja de la Seguridad Social debido al descenso de la natalidad, pero no tienen en cuenta un aumento del rendimiento por hora trabajada. "Las aseguradoras, los bancos y las cajas sólo pretenden con estos estudios manipular y crear alarma para quedarse con la nómina del pensionista cuando la única garantía de las pensiones es el sistema público", subrayó.

Además, mantuvo que si se aceptase está quiebra del Estado "también se debería de cuestionar el poder mantener en el futuro el pago de las nóminas de los diputados, del Ejército o de la propia Casa Real".

Navarro destacó que los países europeos dedican, de media, cerca del 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a las pensiones, frente al 8,4 por ciento de España y que son precisamente los países que más invierten en gasto social, como Alemania o Dinamarca, "los que mejor marchan y salen de la crisis".

En el otro extremos citó a Letonia, paradigma del liberalismo económico y que ahora, contrastó, "está en bancarrota y los ciudadanos no tienen ni derecho a una cama en los hospitales públicos y deben pagar por una en la privada".