JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA
La nueva regulación fitosanitaria de la Unión Europea (UE), cuyo reglamento sustituirá a la actual Directiva 91/414/CEE y prevé que en 2011 se retire del mercado el 75% de los plaguicidas disponibles en la actualidad, amenaza como espada de Damocles al sector agrario de la Comunitat Valenciana. Los presidentes de Asaja y AVA, Pedro Barato y Cristóbal Aguado, respectivamente, aseguraron ayer que la citada legislación en ciernes "aumentará la burocracia, disparará los costes de cultivo y, al limitar drásticamente las sustancias activas, reducirá la productividad".
A pesar del temor expresado por la organización agraria, que exige atenuar los efectos de la transposición de la citada Directiva en los próximos dieciocho meses, el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino sostiene que el límite para adaptarse a la nueva norma europea de fitosanitarios, es "suficiente y no hace falta introducir más flexibilidad", reconocía ayer la secretaria general del Media Rural, Alicia Villauriz. La número tres del ministerio participó en la jornada "La nueva normativa europea de fitosanitarios. Análisis y perspectivas", donde participaron más de 200 representantes del sector agrario, de la patronal Aepla (industria de plaguicidas) y de diferentes administraciones públicas.
La Directiva vigente logrará que a mediados de 2011 se hayan retirado hasta 973 sustancias activas autorizadas en 1993, por lo que se estima que al final del período queden menos de 150. El mayor impacto de la citada norma, según la organización agraria, afecta a los insecticidas de los cultivos mediterráneos (frutas, hortalizas, arroz, aceite y vino). Según constata un estudio de AVA, ya se detectan serios problemas de control de plagas en los cítricos, así como en el olivar, hortalizas como el tomate y el algodón. La situación más grave afecta de lleno a los campos de arroz, cuyos productores se han quedado casi sin alternativas para la lucha contra las malas hierbas y algunas plagas como el pulgón. Además, otro escenario complicado es el que puede implicar al caqui y la chufa.
A la vista de la situación, los productores instan al Gobierno a que durante la presidencia española en la Unión Europea se trabaje "en serio" de cara a armonizar los límites máximos de residuos permitidos por el uso de productos fitosanitarios en los cultivos procedentes de terceros países, sobre todo del norte de África. Sin duda, la importación de productos sin controles fitosanitarios fomentaría la competencia desleal", como los tomates de Marruecos.
Impulsar la investigación
La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, destacaba ayer que la administración autonómica impulsa diferentes líneas de investigación para facilitar la adaptación del sector agroalimentario valenciano a las restricciones impuestas por Bruselas. Hernández insistió en la necesidad de que la UE aplique el "principio de reciprocidad" en la normativa de fitosanitarios respecto a la entrada de productos procedentes de países terceros, y evitar que la agricultura de la Comunitat Valenciana tenga que competir en desventaja, especialmente en momentos como el actual, cuando se negocian acuerdos en materia hortofrutícola.
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