LEVANTE-EMV VALENCIA
La Confederación de Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa de la Comunitat Valenciana (Cepymeval) -integrada en la patronal autonómica Cierval- subrayó ayer la necesidad de modificar la actual normativa que regula la morosidad, que afecta de "forma alarmante" a las empresas de menor dimensión. Según la organización, las dificultades de financiación que atraviesan las pymes y los autónomos de la Comunitat, debido a la caída de la demanda y la restricción del acceso al crédito, han provocado un incremento de la morosidad. Esta fue una de las cuestiones que se trataron durante la Junta Directiva celebrada ayer, que además designó a los vocales del Comité Ejecutivo.
Los pequeños empresarios consideran "necesario" limitar los plazos de pago, en sintonía con la media de la Unión Europea, establecer aquellas garantías que aseguren los pagos y simplificar y agilizar los procedimientos judiciales de cobro. Por ello, Cepymeval propone la modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas contra la morosidad, que "no ha resuelto este problema ni en el caso de las operaciones entre empresas ni entre las empresas y las administraciones públicas". Otro de los aspectos que debe reformarse a juicio de la asociación es el ingreso del Impuesto del Valor Añadido (IVA) que realizan las empresas sobre facturas, "que en muchos casos no han sido cobradas y que genera grandes tensiones de tesorería".
Asimismo, Cepymeval "ha constatado que continúan las restricciones de circulante" especialmente a micropymes y autónomos, que "impide la supervivencia de empresas solventes, solidas y estables con una larga vida en los mercados". Para solucionarlo, la confederación apuesta por reforzar el Instituto Valenciano de Finanzas, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) "para que puedan atender mejor las necesidades empresariales".
La morosidad -tanto privada como pública- se ha convertido en el principal problema financiero para las empresas, tal como reiteradamente han denunciado las organizaciones patronales.
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