El Gobierno subirá el IVA en julio al 18% y retira la ayuda de los 400 euros

EFE MADRID El Gobierno ha cumplido con lo previsto y ha decidido subir el IVA y la tributación de las rentas del capital, así como eliminar la deducción de 400 euros en el IRPF de los trabajadores, medidas fiscales con las que espera recaudar casi 11.000 millones de euros.La subida de impuestos que tanto debate ha generado desde el verano se plasmó ayer en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 aprobados por el Consejo de Ministros, unas cuentas que recogen una reducción del gasto público del 3,9%, menor de la inicialmente prometida por el Ejecutivo (4,5%).
Con esta alza impositiva, el Gobierno prevé tener más ingresos (10.950 millones en dos años, 6.500 millones el año que viene) y por eso ha decidido aumentar el techo de gasto de los Presupuestos para 2010 en 2.850 millones de euros, hasta los 185.249 millones. Asimismo, el Gobierno se compromete a que el déficit del Estado en 2010 se sitúe en 57.248 millones, un 5,4% del PIB, tres décimas menos que su anterior previsión, con lo que el saldo negativo del conjunto de las Administraciones Públicas sería el año que viene del 8,1% del PIB.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, detalló la subida de impuestos, que calificó de "moderada" y que, según explicó, eleva un punto del PIB la presión fiscal. Salgado insistió en que se trata de pedir "un esfuerzo de solidaridad" a los ciudadanos para atender un gasto social creciente y ayudar a reequilibrar las cuentas.

Retirada de los 400 euros
Aunque el Gobierno se había comprometido a que la subida tributaria afectase sobre todo a las rentas más altas, la mayor recaudación procederá de la supresión de la deducción de 400 euros en el IRPF para todos los trabajadores, que reportará 5.400 millones de euros a las arcas públicas en dos años. La otra gran partida adicional saldrá de gravar el consumo con el aumento del IVA, medida que no entrará en vigor hasta julio, cuando el Gobierno espera que haya comenzado la recuperación económica, ya que cree que el PIB volverá a registrar crecimientos intertrimestrales en el segundo trimestre del año.
El IVA general se elevará dos puntos, hasta el 18% y el reducido un punto, hasta el 8%, que afecta a la compra de alimentos (excepto los básicos incluidos en el superreducido), viviendas, transporte, hostelería, asistencia social o sanitaria, así como los servicios culturales y de espectáculos. El IVA superreducido se mantiene en el 4%, que grava además de la compra de productos de primera necesidad, el material escolar, los medicamentos o las viviendas de protección oficial. En cuanto a las rentas del capital, el Gobierno subirá la tributación de todos los instrumentos de ahorro (como incrementos patrimoniales, depósitos bancarios o dividendos, entre otros) que hasta ahora tenían un gravamen del 18%, aunque esta medida será progresiva. Las ganancias del capital hasta 6.000 euros se gravarán al 19% y a partir de esa cantidad tributarán el 21%. La modificación de esta tributación para quienes declaren hasta 6.000 euros, unos 11,5 millones de contribuyentes, supondrá a estos contribuyentes un esfuerzo de unos seis euros de media más al año.
Respecto a las rentas superiores a 60.000 euros, que declaran unos 100.000 contribuyentes, ahora tributarán al 21%, lo que les supondrá un incremento de unos 5.000 euros al año de media. Las rentas que superan un millón de euros pagarán de más una media de 30.000 euros al año, dijo Salgado. Asimismo, señaló que actualmente hay 45.000 contribuyentes que declaran rentas superiores a 90.000 euros y ahora aportarán 430 millones más.

Gasto en protección social
La vicepresidenta segunda apenas dio detalles del resto de los Presupuestos, aunque sí explicó que el 51,6% del gasto previsto se destinará a protección social y otro 6,6% al pago de los intereses de la deuda pública. Una deuda que, debido a la crisis, estará al cierre de este año en el 53,4% del PIB y en 2010 alcanzará el 62,5%. Indicó que otro 21% del gasto se destinará a transferencias a otras administraciones, un 6,3% a infraestructuras e I+D+i y un 6,2% a servicios públicos básicos como son justicia, seguridad ciudadana o sanidad.