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Por tres veces ha negado la viabilidad del PAI Nou Mil·leni en Catarroja el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia. No obstante, es en este macro proyecto urbanístico en el que basa el Grupo Llanera la viabilidad del convenio que se votará mañana y, en definitva, de la empresa.
Los jueces valencianos han dictado tres autos suspendiendo cautelarmente el proyecto por falta de recursos hídricos. Ello contrasta con el optimismo con que fuentes concursales anunciaban el inminente cambio de criterio de los tribunales. Y es que es en este PAI en el que Llanera basa su continuidad. Este optimismo se ve apoyado por Inprova, sociedad mixta participada por Llanera (51%) y el IVSA, empresa de la Generalitat Valenciana (49%), titular junto a Inmochán de los terrenos "rústicos" de Catarroja.
Hoy se lo demostrará a sus acreedores y les hablará de "cash flow", dividendos y amortizaciones. De los 30 millones por la venta de estos terrenos a terceros -que están sin determinar- y de los 20 millones de su socio Inmochán, pese a que esta empresa ha pedido salir del proyecto porque el contrato firmado en 2006 no se cumplió en 2008, como estaba estipulado. Queda pendiente que esta última cifra se cobre vía judicial, tras la demanda de Llanera.
