La indemnización de Goirigolzarri desata críticas políticas y sindicales

EFE MADRID La jubilación anticipada del consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, que dejará su cargo con una pensión global de 82,4 millones de euros (3 millones anuales durante diez años y 52,4 de golpe cuando cumpla los 65), fue objeto de críticas políticas y sindicales ayuer, al creer que en el acuerdo entre el banco y el directivo se incluyen cifras exageradas en un momento de crisis. Un escenario económico como el actual no parece -para muchos grupos políticos, miembros del Ejecutivo y sindicatos- el mejor marco para cobrar una pensión anual de unos tres millones.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, subrayó que se trata de una decisión empresarial que atañe a los accionistas de BBVA, si bien matizó, aunque de forma algo críptica, que opinar sobre si es oportuna o no en la crisis sería una consideración "ética" sobre la que "ya saben cuál es la opinión del Gobierno". Mucho más contundente fue el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien señaló que "este tipo" de "indemnizaciones" debería tener "una fiscalidad mayor". El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, coincidió en que se trata de una decisión de una entidad privada, pero agregó que espera que desde el BBVA "nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido; es lo único que les pido: que no nos den consejo".
Desde el PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dijo que es "muy complicado de explicar" que "con la que está cayendo se produzcan jubilaciones de este tenor", aunque recordó que "no está dentro del ámbito de lo público y no es algo que se pueda controlar desde el ámbito de lo público". Josep Lluis Sánchez Llibre (CiU) cree que es "un mal ejemplo en tiempos de crisis", si bien incidió en que es una decisión empresarial, y recordó que el banco no ha tenido que recibir ayudas por parte del Estado. Gaspar Llamazares (IU) tachó de "escándalo" una decisión así en una crisis, opinó que debería haber medidas legales que impidieran este tipo de "desafueros" y lamentó que se produzca después de las medidas aprobadas por el Gobierno para financiar "públicamente" el sistema financiero y "salvar a la banca".
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Cándido Méndez apuntó que estas noticias provocan "irritación justificada", mientras que el de CC OO, Ignacio Ferández Toxo, lamentó que sectores que plantean reducir el coste del despido llevan a cabo ese tipo de prácticas. Añadió que "mientras el sector financiero no juegue el papel que le corresponde, difícilmente vamos a poder salir de esta situación".
El banco protagonizó ayer en Bolsa la sexta caída más pronunciada del Ibex-35, al retroceder un 1,74%, castigado por el anuncio de la salida de Goirigolzarri.