Sin duda, una de las novedades más llamativas de la nueva ley, y que satisface a un gran número de profesionales y autónomos, es el hecho de que las empresas de servicios no necesitarán autorización previa para ejercer su actividad. Para abrir un negocio de fontanería,por ejemplo, un empresario puede tardar de 15 a 240 días en conseguir los permisos, en función de la comunidad en la que se instale. El que opte por una autoescuela sólo puede abrirla en una comunidad autónoma y está obligado a comprar un coche por cada profesor que contrate, mientras que el quiera abrir una agencia de viajes debe aportar un capital mínimo para obtener la licencia de apertura.
Esa dispersión de requisitos y normas está mermando la creación de negocios y la competitividad de las empresas españolas de servicios, que aportan dos terceras partes del PIB y generan el mismo porcentaje de empleo.
Y ¿a qué sectores de actividad afecta este anteproyecto de ley? Pues están afectados, entre otros, hoteles, agencias de viajes, autoescuelas, centros de acción social, talleres de reparación, hipermercados, tiendas de alimentación, empresas de fontanería y electricidad, así como las de venta y distribución de periódicos.
Por el contrario, quedan exentos de la nueva regulación aquellos servicios regulados por otras directivas europeas (servicios financieros, transporte o empresas de trabajo temporal), los que responden a un interés general (transporte de agua o electricidad) y aquellos que se prestan sin percibir prestación económica.