PSOE y PP imponen una ley de puertos que impide la competencia en tasas

J. L. Z. VALENCIA Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo en el Congreso para tramitar la reforma de la Ley de Puertos, bloqueada desde 2003, que impone una "estructura única" para las tasas portuarias y que las formaciones nacionalistas habían criticado por invasión de competencias. CiU y ERC han presentado ya sendas enmiendas de totalidad (Barcelona siempre ha practicado una política de bajas tarifas para competir, sobre todo, con Valencia).
Los socialistas retirarán el recurso de inconstitucionalidad presentado a la Ley de Puertos de 2003, aprobada bajo el mandato de Francisco Álvarez-Cascos en Fomento. El texto garantiza tasas únicas, con bonificaciones regladas y un coeficiente corrector para cada puerto, que se fijará de acuerdo con indicadores financieros asociados a la eficiencia de gestión y rentabilidad de cada puerto, que debe "garantizar la autosuficiencia económica, la leal competencia y el menor coste para el usuario".
Se pondrá "especial énfasis" en establecer un régimen especial de coeficientes reductores para potenciar la intermodalidad, y tomar en consideración la situación ultraperiférica de Canarias, la situación especial de Baleares, Ceuta y Melilla y la de los puertos sometidos a la competencia extracomunitaria, así como para las mercancías en tránsito.

Liberalización
Uno de los asuntos más importantes del nuevo texto es la liberalización de servicios portuarios, un negocio hasta ahora realizado por escasas concesiones. El modelo de gestión de la estiba será único a través de sociedades mercantiles privadas, con capacidad de supervisión por parte de las autoridades portuarias para evitar distorsiones que afecten a la leal competencia entre los prestadores del servicio.