OTR PRESS MADRID
España tiene que reducir el déficit, la deuda pública y efectuar "profundas reformas" en las pensiones y la sanidad. Así podrá garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Ésta es la reclamación que ha hecho la Comisión Europea a España. Bruselas ya ha avisado de que las cuentas públicas españolas se encuentran en una situación de "alto riesgo" debido al impacto de la crisis financiera y el aumento del gasto público relacionado con las personas mayores previsto para los próximos años. Éste será uno de los más elevados de la Unión Europea.
Según este organismo europeo, para que las cuentas públicas españolas vuelvan a una senda de sostenibilidad, el Gobierno debe hacer un ajuste total del 11,8% del PIB. "Las reformas deben llevarse a cabo de forma que no amplifiquen las consecuencias de la actual crisis económica y financiera", añade la Comisión Europea en el informe que ha elaborado sobre el impacto del envejecimiento de las cuentas públicas. El citado dossier agrupa a los Estados miembros en tres grupos dependiendo del nivel de riesgo. En esta ocasión, España está en el grupo peor situado junto a países como Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Malta o Chipre. El escrito elaborado por la Comisión Europea destaca que, para estos países, es un "reto político evitar un incremento rápido en la deuda". Por el contrario, entre los alumnos aventajados están países como Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia o Suecia. Todos ellos cuentan con una situación presupuestaria "relatívamente sólida". Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, ha reclamado de nuevo a los Gobierno que empiecen a diseñar estrategias de salida para volver a la consolidación fiscal cuando se confirme la recuperación.
El Círculo de Empresarios considera que los Presupuestos para 2010 podrían ser un "acelerador" de la crisis y pide cambios, empezando por un recorte del gasto corriente en la administración. El presidente del Comité de Política Económica de la organización, Fernando Eguidazu, dijo que el gasto por desempleo será mayor del previsto, por lo que el Presupuesto del Estado, dijo irónicamente, "será aún más social".
Aprobada la ayuda
de 420 euros
El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que regula la ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado las prestaciones, y la amplía siete meses, por lo que la percibirán quienes se hayan quedado sin ayudas desde el 1 de enero pasado y no desde el 1 de agosto como estaba previsto inicialmente. Así lo decidió la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, que actuó con competencia legislativa plena, por lo que ahora la medida pasará al Senado y se espera que pueda entrar en vigor en las próximas semanas, lo que permitirá solicitar la ayuda a aquellas personas en paro que hayan agotado la prestación por desempleo o subsidio desde la citada fecha.
Estas personas se sumarán así a las que ya solicitaron y empezaron a cobrar los 420 euros al haber agotado las prestaciones desde el 1 de agosto, fecha que fijaba el decreto ley vigente, aprobado el pasado verano por el Gobierno. Asimismo, la Comisión de Trabajo eliminó el requisito por el que la ayuda se prorrogaría otros seis meses sólo si la tasa de paro superaba el 17% de la población activa. Todos los grupos votaron a favor del texto de la ponencia así como de las tres enmiendas transaccionales presentadas por el PSOE y que modificaban otras de este partido, CiU y ERC. En una de ellas se considera que el solicitante de la ayuda tendrá derecho a percibirla si la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar a la que pertenece, dividida entre los miembros, no supera el 75% del SMI
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