La UE ordena a Alemania repetir la venta de Opel porque sus ayudas son ilegales

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA
La Comisión Europea acusó ayer al Gobierno de Berlín de haber favorecido ilegalmente, con la promesa de 4.500 millones en ayudas públicas, la oferta de la empresa canadiense Magna para hacerse con el control de Opel. El motivo es que esta oferta beneficiaba a las plantas alemanas en detrimento de las de otros países como España, Bélgica o Reino Unido. El Ejecutivo comunitario ha detectado "indicios importantes" de que el paquete de ayudas prometido por el Gobierno alemán para la nueva Opel, por valor de 4.500 millones de euros, "estaba condicionado de facto a la selección de un postor determinado, Magna".
Además, estas subvenciones estaban supeditadas a "un plan de negocios previamente discutido y acordado con las autoridades alemanas, en particular por lo que se refiere a la distribución geográfica de las medidas de reestructuración", explicó la Comisión en un comunicado. Bruselas cree que esta condición ha afectado a la decisión adoptada por General Motors de vender la mayoría de las acciones de la nueva Opel a Magna y a su socio, el banco ruso Sberbank, "dejando fuera así planes alternativos que preveían una reestructuración diferente de las medidas de reestructuración dentro de la UE".
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, pide al Gobierno alemán que permita a General Motors repetir el proceso de venta de Opel proporcionándole garantías firmes de que el paquete de ayudas se concederá "independientemente del inversor o del plan industrial que resulte elegido, para garantizar la viabilidad a largo plazo de la nueva Opel, y sujeto a condiciones de financiación razonables".
Mientras tanto, el Gobierno alemán aseguró ayer que mantiene un diálogo "constructivo y positivo" con España sobre el futuro de la firma automovilística Opel. El comité responderá el lunes a la nueva propuesta de Magna, que contempla el 70% de la producción en la instalación hasta 2013.
Mientras tanto, UGT impuso ayer su mayoría absoluta en el comité de empresa de Ford España para sacar adelante la propuesta de convenio colectivo de la fábrica de Almussafes (2009-2013), pactada previamente con la dirección de la compañía, al anunciar que el próximo miércoles la someterá a referéndum entre la plantilla junto con el expediente de regulación de empleo (ERE) que propone la empresa de cara a despedir a 60o personas antes de fin de año. El acuerdo laboral para cinco años, que incluye una mejora salarial del 2% para 2009 y del IPC real para los próximos ejercicios -con cláusula de revisión- y la conversión en fijos de 700 eventuales, no es aceptado por CC OO, CGT y STM porque entienden que debe separarse la negociación del convenio (donde reclaman subidas salariales por encima de la inflación desde 2010) del ERE de extinción (en el que, según las centrales minoritarias, no se garantiza la voluntariedad en el recorte de plantilla).

Alternativas en Almussafes
La propuesta de aceptar esta oferta y pasarla a referéndum el próximo miércoles ha sido aprobada con los votos de UGT, mientras que el resto del comité han presentado sendas alternativas: una sobre convenio y otra sobre el ERE, puesto que consideran un "chantaje y un engaño" la vinculación de la oferta de bajas voluntarias con el convenio, según Miquel Rosaleny (Comisiones) y Francisca Cuesta (CGT). Para Gonzalo Pino (UGT) "no tiene sentido votar una cosa sin la otra". El pasado mes de abril, el convenio propuesto por Ford y UGT fue rechazado por 2.542 votos frente a 2.427 positivos. Ahora, la dirección de la fábrica considera la oferta de convenio como la "mejor en el sector de la automoción en España".