JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA
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La nueva Ley de Puertos, según constata el preacuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados, garantiza un "modelo único de estiba a través de sociedades mercantiles privadas", si bien dota de "capacidad de supervisión" a las Autoridades Portuarias "para evitar distorsiones en su funcionamiento que afecten a la leal competencia entre los prestadores del servicio". El proyecto de ley que recientemente pactaron los partidos mayoritarios conlleva en la práctica que las autoridades portuarias -aunque no participen en el capital social- sigan controlando las sociedades de estiba y desestiba, ahora transformadas en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIE), lo que supuso la pérdida del 51% del accionariado de la firma estatal de estiba y desestiba Sevasa en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia, en el caso del recinto del Grao.
En ese sentido, las Autoridades P0rtuarias, aunque las entidades estibadoras están en manos privadas, supervisarán el funcionamiento de estas sociedades en asuntos relativos a costes y tarifas, eficiencia o conflictos laborales, cuestiones claves para garantizar productividades y competitividad en los puertos. Sevasa cuenta con unos 1.200 trabajadores fijos. Tras la desaceleración económica ha sido una de las pocas sociedades en España que no ha recurrido a los ERE temporales, aunque sí a los turnos de rotación para repartir salarios en épocas con menor actividad, sostenida por el alza del tráfico de contenedores de transbordo, aunque con desplome en el de exportación e importación. La nueva norma, que mantendrá una estructura única para las tasas y con bonificaciones regladas, tiene el visto bueno del sindicato mayoritario en la estiba: la Coordinadora de Trabajadores del Mar, que representa al 80% del sector.