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La Comunitat Valenciana recibirá del Gobierno en 2010 en torno a 500 millones de euros para proyectos presentados por los municipios de las tres provincias dentro del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
Según las estimaciones de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la provincia de Valencia recibirá 235 millones de euros, frente a los más de 200 de la de Alicante y los "entre 64 y 65" que se destinarán a la de Castellón.
Así lo han ido detallando, desde el pasado miércoles y hoy mismo, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, y la subdelegada en Alicante, Encarna Llinares.
El miércoles, Peralta apuntaba la cifra del montante que irá a parar a los proyectos que presenten los municipios castellonenses tras reunirse con el presidente de la patronal de esta provincia, José Roca.
Hoy, y antes de que el vicepresidente Manuel Chaves explicara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el contenido del Fondo, pero no así su distribución territorial, Peralta ha señalado a los periodistas que la Comunitat Valenciana será beneficiaria de "más de 500 millones de euros".
Preguntado sobre si podía especificar esa información, se ha remitido a los detalles que se iban a ofrecer en la rueda de prensa de Chaves en Madrid.
Esta tarde, Llinares ha emitido un comunicado donde asegura que el Consejo de Ministros "ha aprobado hoy destinar más de 200 millones de euros a los municipios alicantinos" dentro del nuevo Fondo de financiación local, que cuenta con una partida global de 5.000 millones de euros para toda España.
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha explicado que el nuevo Fondo Local creará cerca de 200.000 nuevos empleos y financiará 15.000 nuevos proyectos vinculados con la economía sostenible.
El nuevo Fondo Local entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010 para que tenga "continuidad" con el actual Fondo, que nuevamente tendrá como criterio principal la población.
Chaves ha destacado que de los 5.000 millones los ayuntamientos podrán destinar un 20% para gasto corriente (la FEMP había solicitado el 25%), lo que les permitirá ayudar a elaborar sus presupuestos, además de contribuir a los gastos sociales, de educación, y de la Ley de Dependencia.