La CE propone contratos para el campo como el que promueve Intercitrus

LEVANTE-EMV VALENCIA La Comisión Europea (CE) ha dado un importante espaldarazo a las organizaciones agrarias, en especial las valencianas, que reclaman unas relaciones más justas con el sector de la distribución. El Ejecutivo comunitario propuso ayer medidas para evitar los contratos "injustos" o abusivos entre los agricultores, las industrias y los supermercados a la hora de fijar los precios de los alimentos. Para ello ha presentado un informe con ideas para tratar de corregir las desigualdades en los márgenes de precios dentro de la cadena alimentaria, que con la crisis financiera se han acentuado en sectores como el de la leche o el cárnico, con los consiguientes problemas económicos para los productores.
La CE admite que son "justificadas" las preocupaciones por las escasas cotizaciones que perciben los agricultores o ganaderos y por lo poco que esto influye en el coste de los alimentos que pagan los ciudadanos. Por ello, Bruselas quiere impulsar actuaciones para prohibir relaciones contractuales "injustas" y facilitar que en su caso, sean penalizadas.
Asimismo, la CE propone una mayor vigilancia de los acuerdos entre el productor, las industrias y la distribución e incluso planea impulsar unos "contratos estándar" para el sector agroalimentario europeo, aunque con un carácter voluntario. Bruselas subraya que muchas veces los agricultores o cooperativas se encuentran en una posición débil frente a las firmas minoristas o las multinacionales. Esta iniciativa comunitaria llega precisamente en un momento en que la interpofesional citrícola, Intercitrus, ha alcanzado un acuerdo para promover precisamente un contrato marco que fije unos precios mínimos a percibir por los productores, y que aún no ha recibido el visto bueno del Gobierno central.

Prácticas anticompetitivas
Respecto a prácticas como los carteles, acuerdos de compra o el uso de marcas privadas, Bruselas quiere analizar más a fondo su efecto contra la competencia. En este caso, la CE quiere supervisar, por ejemplo el impacto de acuerdos que obligan a adquirir productos locales en el precio final que paga el consumidor. En este mes de octubre, el Servicio de la Competencia español ha multado con casi 1,5 millones de euros a once patronales alimentarias por considerar que han llegado a acuerdos para pactar precios.