JORDI CUENCA VALENCIA
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En una acción absolutamente insólita entre el empresariado valenciano, aquejado de una sorprendente afasia en un momento de crisis política y económica sin parangón, las empresas de obra pública de la Comunitat emitieron ayer un comunicado de una claridad meridiana en sus denuncias a la actuación de las administraciones públicas, en especial la valenciana. Tras una reunión "conjunta y extraordinaria", Fecoval (empresarios valencianos de obra pública) y la Cámara de Contratistas (grandes firmas de ámbito nacional que trabajan en la Comunitat) hicieron pública una nota en la que aseguran que "la gran demora en los cobros de las obras dependientes de la Generalitat y sus empresas públicas está provocando un importante colapso financiero en la ya delicada situación económica de nuestras empresas". Es más, respecto a los anuncios del Consell, tras reuniones con el sector, de puesta en marcha de medidas financieras para reducir los plazos de pago, añade que "hemos podido comprobar que las soluciones prometidas desde el pasado mes de julio no acaban de llegar o no están siendo efectivas, lo que está provocando la paralización real de un importante número de obras".
Los datos ofrecidos por ambas organizaciones revelan que la situación del sector es "crítica" desde 2007. La licitación de las administraciones públicas ha caído un 50%, desde los 4.750 millones del período 2005/2007 a los 2.300 de 2008/2009, con un descenso del 65% en el Estado y de un 80% en la Generalitat. A ello se añaden las ya citadas demoras en los pagos del Consell y "el retraso en la aprobación de los expedientes administrativos", que "se han acrecentado como resultado de los problemas económicos de las administraciones". Las consecuencias en este último caso son un "incremento del plazo de ejecución", un "retraso en la entrega de las infraestructuras para uso de los ciudadanos" y "dificultades importantes en la tesorería y situación financiera de las empresas por no tener presupuestos aprobados". Todo ello, según Fecoval y la Cámara de Contratistas, provocará en 2010 una disminución del 50% en la actividad productiva, la "probable" desaparición de 200.000 empleos y la destrucción de empresas, tras las 600 que ya han muerto este año. Ambas organizaciones piden, por tanto, medidas de "forma urgente". A la administración central le reclaman que "invierta ya en las infraestructuras pendientes en la Comunitat" y a la Generalitat, que "adecúe los pliegos de concesión para que resulten financiables en las condiciones actuales" y que "actúe de forma inmediata sobre el problema de los cobros para que las medidas prometidas en julio sean efectivas". También piden que los planes E y Confianza sirvan, entre otras cosas, para "reducir de forma significativa la deuda con nuestras empresas".