JORDI CUENCA/VÍCTOR ROMERO VALENCIA
El vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, aclaró ayer que su propuesta de fusionar las tres cajas valencianas -Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent- y luego absorber Caja Murcia no es ninguna reflexión personal, tal como la calificó el lunes el presidente de la entidad alicantina, Modesto Crespo, sino que es una decisión en firme de la Generalitat. En unas declaraciones a la cadena Cope, Camps abogó por una supercaja que compita con las dos grandes -la Caixa y Caja Madrid- y que sea una realidad en el plazo máximo de dos años. También dijo, según un comunicado de la emisora, que el Consell "no quiere imponer la decisión, pero sí va a impulsar, animar, propiciar y alentar a que este proceso se ponga en marcha cuanto antes".
El desconcierto fue general en el mundo financiero valenciano, que había considerado las manifestaciones previas del conseller el domingo como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas que el caso Gürtel está acarreando a los populares, pero que ayer, ante la firmeza de las nuevas declaraciones, acabó por no saber qué pensar y, sobre todo, por no entender nada. Fundamentalmente, porque, como confirmaron a este diario todo tipo de fuentes de Bancaja y CAM, nadie del Consell -desde luego, tampoco Camps- ha mantenido contacrto alguno (oficial ni extraoficial) con los máximos responsables de ambas entidades, José Luis Olivas y Modesto Crespo, respectivamente, para abordar esta cuestión. El vicepresidente tercero de la CAM, Armando Sala, fue bastante gráfico al reiterar ayer que, en su opinión, Gerardo Camps "habló de una cosa que a él le podría gustar" y que "no se ha planteado".
De este modo, la gran incógnita es cómo (si llega el caso) se concreta con éxito la iniciativa del vicepresidente económico, quien ha hecho su pronunciamiento coincidiendo con el desbloqueo del acceso de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid, una entidad que en el PP se ve como posible absorbente de alguna de las valencianas. Ahí, la situación se complica sobremanera. Por un lado, Camps ha evidenciado la farsa, defendida sin tregua por su partido, de la despolitización de las cajas. El Consell decide y además sin consultar con los afectados. Pero un proceso de esas características depende de la aprobación de los órganos de gobierno de las cajas: en la asamblea se necesitan dos tercios. Como decía una de las fuentes financieras consultadas ayer por este diario, "si los órganos de gobierno no están de acuerdo, diga lo que diga el Consell, no se hará". Un gran acuerdo entre populares y socialistas prácticamente garantizaría el visto bueno de la asamblea de Bancaja, aunque no faltaba ayer quien apuntaba serias dificultades en el caso de que el voto fuera secreto por una creciente oposición a esta operación en el seno de la entidad de la que no sería ajena su presidente, temeroso de las exigencias alicantinas, que ya oyó en primera persona como vicepresidente del Consell en la anterior aproximación entre ambas entidades en 2000.
En la CAM la situación es bien distinta. Si no se logra una negociación muy ventajosa para esta caja o si sus números se mantienen fuera de esa zona de peligro que haría actuar al Banco de España, pocos dudan de que entre los zaplanistas del PP, los sindicatos y el equipo directivo, que siempre ha controlado al grupo de impositores, consigan ese tercio de la asamblea que bloquearía la operación.
No hay que olvidar que el empresariado alicantino y buena parte de esa sociedad son contrarios a la fusión con Bancaja. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que integra a los grandes patronos de la Comunitat, tampoco ve viable la operación en este momento, según dijo ayer su presidente, Francisco Pons, porque cree que ambas deben centrarse ahora en "resolver" los problemas de la crisis financiera, aunque a largo plazo afirmó que "será buena". En esto coincidió en líneas generales con el secretario general de CC OO-PV, Paco Molina, quien ve "forzado" propiciar ahora la fusión, porque "es un mal momento y peor circunstancia".
"Sentido común"
Por contra, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y vicepresidente segundo de Bancaja, Arturo Virosque, se posicionó del lado del Consell al considerar que la propuesta de fusión tiene "mucho sentido común". Virosque reconoció que la operación nunca ha sido bien vista "por otras provincias", en clara referencia a Alicante, pero añadió que la fusión no sólo propiciaría "una caja fuerte", sino que contribuiría a vertebrar más la Comunitat. "Si por medio de las cajas se puede vertebrar más la autonomía, tendría una preferencia especial", dijo.
Pero en el debate no hay que olvidar los matices que expresó ayer el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, quien dijo que su colega Camps ha propiciado "abrir un período de reflexión", ya que el Consell "no descarta ninguna fusión", ni entre las valencianas ni entre alguna de éstas con otras de fuera. Nada nuevo. También hay que tener presente que el vicepresidente económico ha lanzado su órdago cuando faltan pocos días para que se cierre el plazo en la elección de los representantes de la Generalitat en la asamblea de Bancaja. Cada día que pasa parece más factible que el PP aplique el rodillo por el caso Gürtel y se arrogue la designación de los 25 consejeros que corresponden al citado grupo.
Los empresarios, como hizo ayer Virosque, abogan por un pacto político, conocedores -tal vez como el propio Gerardo Camps- de que es fundamental para el funcionamiento de la caja (y para facilitar cualquier fusión). Esa petición, sin embargo, no pareció tener efecto en Cotino, una de las personas que más influye en el jefe del Consell, Francisco Camps. El vicepresidente tercero justificó que no llegue a producirse el pacto en que el PSPV "está un poco en las barricadas" y consideró difícil llegar a acuerdos.
Las fusiones deben "acelerarse"
El Banco de España advierte a las cajas de ahorros de que el control de gastos "no es suficiente" para soportar el impacto de la crisis en sus cuentas, en especial los impagos del sector inmobiliario, por lo que "convendría que los procesos de integración se aceleraran significativamente". El organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su informe de estabilidad financiera de noviembre, teme las dificultades que supondrán para las fusiones "las peculiaridades" de las cajas de ahorros y sus "singulares" estructuras de gobierno, vinculadas a sus respectivas comunidades autónomas. Sin embargo, considera que en los próximos meses la herramienta que facilitará las fusiones, el inédito Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), "acelerará su actividad". El supervisor considera que el FROB "será imprescindible para compatibilizar la inevitable reestructuración del sistema financiero y la financiación de la economía" tras la crisis.
