La patronal y los sindicatos rechazan la privatización de Loterías del Estado

Los representantes de los trabajadores y las empresas aseguran que el plan del Gobierno pone en peligro unos 12.000 empleos en España

 

EFE MADRID La patronal y los sindicatos han denunciado hoy que el Gobierno "pretende privatizar" la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado, un hecho que "podría poner en peligro unos 12.000 puestos de trabajo de las administraciones de loterías". Comisiones Obreras y UGT, entre otras organizaciones, han pedido la paralización de las disposiciones adicionales 32 y 34 de la Ley de Presupuestos Generales, que abordan una reforma de los juegos públicos mediante su comercialización bajo las normas del derecho privado.
Por su parte, las asociaciones de administraciones de loterías han afirmado que con esta medida el Ejecutivo "busca hacer caja" y han subrayado que "a corto plazo supondrá restar un 2 por ciento de los 2.900 millones de euros netos que actualmente percibe el Tesoro por los juegos del Estado". Los representantes sindicales han explicado que estas reformas suponen la importación de los "ineficaces" modelos de operadores europeos basados en comercializar a través de miles de máquinas, lo que podría "acabar con la mayoría de las 4.000 pequeñas y medianas empresas".
El secretario sectorial del juego de UGT, Miguel Ángel Rodríguez, ha destacado que estas nuevas terminales "no crean empleo y no tienen control sobre el juego", como ocurre en el modelo tradicional que puede evitar que jueguen los ludópatas y los menores de edad.
Además, han demandado la elaboración de una nueva Ley del Juego Público, consensuada por los agentes sociales y los partidos políticos, que "asegure el futuro del sector". "Es un cambio de modelo donde perdemos todos", explicó el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal), Manuel Izquierdo, quien también ha recordado que los juegos del Estado españoles son "líderes en Europa".
El representante del Foro Alea, Fernando García, ha recalcado que consideran "inaudito" que se haya hecho el cambio sin tener en cuenta a los agentes sociales y económicos, y por ello ha afirmado que "se debe abrir un proceso de diálogo inmediatamente".

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