JORDI CUENCA VALENCIA
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El Sistema Institucional de Protección (SIP) es una fórmula que permite a sus socios afrontar con más garantías las dificultades relacionadas con la liquidez, la solvencia y la gestión colectiva de riesgos (morosidad), factores que se han revelado cruciales durante esta crisis financiera. Son las tres grandes preocupaciones del Banco de España, que en junio de 2008 hizo pública una circular que regula esta figura asociativa en el ámbito financiero. Los SIP son considerados como fusiones virtuales, porque, a pesar del mecanismo de defensa mutua entre sus socios, cada uno de ellos mantiene su identidad, su personalidad jurídica, su negocio minorista y su obra social. Sin embargo, a la postre, puede ser el camino directo hacia una fusión tradicional, si bien es cierto que los socios de estas entidades pueden abandonarlas, aunque están obligados a notificarlo con una antelación de al menos 24 meses.
Las cajas rurales están inmersas en proyectos de estas características. Concretamente, Ruralcaja, que está conformando un grupo cooperativo con otras diecinueve entidades de la Comunitat de menor tamaño, está embarcada en un SIP junto a otras cajas rurales de ámbito provincial de España.
Entre las cajas de ahorros, ya se han puesto en marcha varias fusiones virtuales. Por un lado, están Caja Navarra y Caja General de Canarias. Por el otro, Caja Rioja, la aragonesa CAI y la Caja Insular de Canarias. En estos casos, los socios del Sistema Institucional de Protección han optado, manteniendo su independencia formal, por la creación de una sociedad común bajo una nueva marca, que tendría capacidad financiera plena (captar depósitos y dar créditos) y que agruparía diferentes negocios y las redes de oficinas que las tres entidades tienen abiertas fuera de sus áreas de influencia.
Fuentes financieras valencianas consultadas por este diario aseguran que la fórmula del SIP tiene sentido aplicada a entidades de diferentes autonomías, pero no entre aquellas cuya sede se encuentra en la misma comunidad, como es el caso de Bancaja y la CAM, aunque sólo sea por que así se evitarían crear estructuras por encima de ellas como las que van a poner en funcionamiento las cajas citadas y que se presume que serán de difícil gobierno.