Los camioneros del puerto que acusaron a Transcont no acepta el acuerdo judicial

REGINA LAGUNA VALENCIA Cinco de los camioneros que denunciaron las coacciones sufridas entre el verano de 2004 y la primavera de 2005 por la entonces directiva de Transcont, que les impedía trabajar en el puerto de Valencia, han anunciado acciones legales contra su propio abogado, al no aceptar el acuerdo judicial por el que retiraba la acusación por el delito de asociación ilícita.
Estos trabajadores del transporte portuario se sintieron defraudados al ver que el pacto de conformidad al que llegaron la acusación particular, la Fiscalía y la defensa implicaba que, de las penas de prisión iniciales, se rebajara la condena a una simple multa por faltas de coacciones y delito de lesiones.
De los siete denunciantes, cinco de ellos acaban de presentar una denuncia en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia contra su letrado en la que explican que, "no llegando a ningún acuerdo de conformidad con los acusados, fue nuestro letrado el que por su cuenta y riesgo llegó a dicho acuerdo sin nuestro consentimiento".
Esta denuncia ha sido presentada también en el Registro del Decanato de los juzgado de Valencia en la Ciudad de la Justicia. Su objetivo, explicaban los denunciantes, es que se anule esta sentencia y se retrotraigan las actuaciones hasta el momento del juicio al no estar de acuerdo con el pacto alcanzado por su abogado con los acusados.
El pasado 3 de noviembre estaba previsto celebrarse en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio contra nueve ex directivos de Transcont por coacciones, lesiones y asociación ilícita. No obstante, antes de la apertura del juicio oral, la defensa ofreció un acuerdo a la Fiscalía y a la acusación particular.
El abogado de los transportistas denunciantes manifestó en ese momento que debía consultarlo con sus representados y, por ello, el acuerdo no se pudo llevar a cabo aquél mismo día, siendo citados para la mañana siguiente, según fuentes cercanas.
Así, el 4 de noviembre, se dieron cita de nuevo en la Audiencia y se celebró un juicio de conformidad por el que las acusaciones rebajaban las penas iniciales de tres a seis años de cárcel, a una condena de multa de 120 a 3.000 euros. Para ello, el abogado de los denunciantes y el Ministerio Fiscal aceptaron retirar el delito más grave: asociación ilícita.
Los denunciantes niegan haber tenido ninguna reunión con su abogado entre el 4 y el 5 de noviembre, ni haber firmado ningún acuerdo en este sentido, antes ni después.
La sentencia fue clara al afirmar que los ocho acusados "decidieron impedir que empresarios y transportistas ajenos a la asociación Transcont, de la que formaban parte, pudieran trabajar libremente en el interior del puerto de Valencia".