La valenciana es la quinta autonomía con menos restricciones al comercio

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA La Comunitat Valenciana es la quinta autonomía de España que pone menos trabas para la apertura de nuevos comercios, una situación que se registra en vísperas de la entrada en vigor el nuevo texto legislativo que regulará este sector tras el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Esta norma fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto siguiendo los criterios generales que marca la Directiva de Servicios (conocida como Directiva Bolkestein), que pretende eliminar obstáculos a la libertad de establecimiento, prestación y circulación de servicios dentro de la UE.
La autonomía con más restricciones en los negocios comerciales es Asturias, seguida por Extremadura, Aragón y Cataluña; mientras que Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Madrid poseen los menores impedimentos regulatorios a la distribución minorista. Con todo, España supera la media de la OCDE, según constata el informe mensual de coyuntura económica elaborada por el servicios de estudios de La Caixa. España figura en el décimo lugar en flexibilidad comercial entre los países desarrollados. El estado más intervencionista es Luxemburgo y el más flexible, Suíza.

Más empleo y menos inflación
El citado de la entidad financiera constata la notable diferencia entre autonomías. La Comunitat Valenciana mantiene la autorización del Consell para implantar establecimientos con un tamaño superior a los 2.500 metros cuadrados -para los de menor tamaño sólo se requiere licencia municipal-, si bien ese tamaño se reduce a los 700 metros en el caso de Baleares o País Vasco. Madrid no tiene tope. En ese sentido, algunos estamentos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) o el Banco de España, "han manifestado cierto desasosiego ante el temor de que la nueva legislación no abra las puertas a las competencia, tal como pretende la Comisión Europea", sostiene la Caixa. El mismo análisis recuerda que la "defensa de la liberalización del comercio parte de distintos argumentos, pero el coste de eficiencia y bienestar que una regulación inadecuada impone sobre los agentes económicos puede perjudicar a la productividad económica, y resulta negativa para el empleo y la inflación".