Está recurrido por una querella pendiente

REGINA LAGUNA VALENCIA La mercantil Inmochán -Grupo Alcampo- ha venido solicitando desde dos meses la suspensión del embargo dictado por el juez de lo mercantil número 2 de Valencia por valor de 26,3 millones de euros, con objeto de cumplir el contrato con Llanera sobre el PAI Nou Mil·lenni, porque existe una causa penal abierta que podría declararlo nulo. Así, esta empresa explica en su recurso que existe una causa prejudicial penal abierta en los juzgados de Xàtiva, en la que se denunció hace un año a Llanera por un delito de estafa en la firma de este proyecto.
Inmochán pide la "reducción y modificación de los embargos practicados" e impugna el embargo "por existir causa criminal en la que se investigan hechos de apariencia delictiva, como es el delito de estafa en su modalidad de contrato criminalizado". Y añade que, "de ser ciertos, determinarían la nulidad" del contrato y del embargo. Además, pide que se dé traslado de la ejecución del embargo al Juzgado de Instrucción número 1 de Xàtiva y al ministerio fiscal para que se les oiga antes de ejecutar.
El juez de lo mercantil Fernando Presencia dictó una sentencia dentro del procedimiento concursal, en la que obliga a Inmochán a pagar a Llanera los 20 millones que debía aportar esta parte en el contrato de Nou Mil·lenni, más otros seis millones en intereses. Pese a que la sentencia fue recurrida en la Audiencia de Valencia, el juez Presencia dictó su ejecución provisional -algo contemplado en la ley- embargando a Inmochán las cuentas corrientes y los derechos de crédito.

Convenio pendiente
El convenio de Llanera quedó resuelto tras la junta de acreedores celebrada el pasado mes de septiembre, con un plan de viabilidad que se basa precisamente en el PAI de Catarroja y en los 20 millones (más seis de intereses) que debe abonar Inmochán.