REGINA LAGUNA VALENCIA
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"Llanera no contaba con los recursos económicos para afrontar" Nou Mil·leni y, aunque percibieron de los bancos la financiación para ello, "no lo destinaron al proyecto urbanístico, sino a gastos corrientes de la empresa". Así, el dinero del PAI Nou Mil·leni, mientras él fue director financiero, "se destinó a gastos corrientes de la empresa, sueldos, luz, gas, gasolina para los coches...". Así lo declaró hace dos semanas el ex director financiero de la promotora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Xàtiva.
No obstante, no pudo aclarar si entre ese dinero se encontraban los 3.500.000 euros entregados por la compañía francesa Inmochán -del grupo Alcampo- "porque gestionaban mucho dinero". Y añadió que, "dentro de esos gastos, estaban los de representación y marketing". Desde hace un año, el juez investiga si los Gallego cometieron un delito de estafa por contrato criminalizado en la firma del PAI de Catarroja entre ambas compañías.
Operaciones atípicas
"Hasta septiembre de 2006, la financiación era la corriente del mercando", pero a partir de esa fecha "se acometieron operaciones de financiación atípicas, como la del proyecto Nou Mil·leni", ya que se consiguieron de Caja Navarra cinco millones de euros sólo "para este proyecto concreto". Una de las garantías que había era "la participación de Caja Navarra en los ingresos de agente urbanizador".
A partir de septiembre de 2006, añadió, la financiación normal del mercado cesó y se contó con financiaciones extraordinarias por parte de entidades financieras que eran conocedoras de la situación económica de la empresa, por lo que exigían mayores garantías. De otro lado, añadió, "la auditoría de 2006 no revela la quiebra técnica porque se realizó una operación que permitía arrojar números positivos a final de año". Pero, explica, si se hubiera hecho la auditoría en septiembre, "hubiera revelado la quiebra técnica".
Por otra parte, "en el momento de firmar el contrato de Nou Mil·leni [con Inmochán], Llanera no podía cumplir las expectativas económicas porque tenía problemas de liquidez", respondió el ex ejecutivo cuando cuando se le preguntó sobre el contrato entre la empresa de la familia Gallego y la mercantil francesa. Se da la circunstancia de que el convenio aprobado recientemente por mayoría en la Junta de Acreedores, y que ha sacado a Llanera del concurso, basa su viabilidad en este proyecto y, especialmente, en los 26 millones de euros que Inmochán -del grupo Alcampo- deberá abonar para su realización. Esta empresa se niega a pagar, por su parte, porque considera que el contrato se ha resuelto al no haberse aprobado el PAI en la fecha acordada, ya que está en suspenso por resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Mientras tanto, el juez de lo mercantil Fernando Presencia entiende que el contrato se tiene que cumplir y ya ha ordenado el embargo a Inmochán para que abone esos millones. En este sentido, Inmochán ha pedido además la suspensión de la ejecución en base a que existe una causa de prejudicialidad penal, que es la denuncia por contrato criminalizado que se investiga.
"Gestión imprudente"
Durante estas diligencias, que siguen su curso en Xàtiva, el que fuera director financiero del Grupo Llanera explicó que, cuando se firmó el contrato con Inmochán para construir una zona comercial y miles de viviendas en Catarroja, se trató de una "gestión imprudente" por la "situación de mercado adversa" que ya en septiembre de 2006 se vislumbraba. De hecho, fue a partir de ese año cuando Llanera dejó de pagar el impuesto de transmisión patrimonial, de lo que se deduce una deuda de más de 10 millones de euros con la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana.
El director financiero fue quien solicitó financiación para el proyecto Nou Mil·leni, que califica como un "proyecto arriesgado", visitando distintos bancos. Y añadió que este proyecto "no obedecía a criterios de prudencia", por un lado por la "situación económica de Llanera" y, por otro, "por el propio proyecto", porque "veía difícil la aprobación urbanística". Al no ser especialista en el tema, el ex empleado de Llanera quiso aclarar que se basaba en el "sentido común" al afirmar esto.