Galicia sigue los pasos de la Comunitat y va más allá

JORDI CUENCA VALENCIA Al calor del debate sobre la fusión de cajas y la oposición de Caixanova a integrarse en una operación de esas características con su vecina Caixa Galicia, la Xunta, impulsora de esa unión, ha promovido una reforma de la ley autonómica que duplica la representación política en los órganos de gobierno de esas entidades, en línea con lo que hizo el PP de la Comunitat con la legislación valenciana hace doce años. Entonces, la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana promovió una reforma que introdujo un nuevo grupo, elegido por las Corts Valencianes, que restó protagonismo a los demás. Ayuntamientos e impositores pasaron del 35% al 28%, los empleados bajaron del 15% al 11% y la entidad fundadora (en el caso de Bancaja), del 15% al 11%. El nuevo grupo obtuvo un 28%. De esta forma, los consejeros de designación política pasaron de un 35% a un 56%.
El texto fue objeto de gran polémica en su momento, pero ello no evitó que se convirtiera en pionero y que otras muchas autonomías -no fue el caso de la gallega- imitaran el modelo valenciano. Que al final fue recortado, porque la UE dictaminó que, si había una mayoría de representantes políticos, los créditos que concedieran las cajas podrían considerarse como ayudas públicas. Así que la Ley Financiera de 2000 obligó a un recorte que dejara la citada representación en el 50% o menos. En Bancaja, los consejeros de la Generalitat y los ayuntamientos bajaron al 25% en cada caso y los impositores subieron al 33% y los empleados, al 12%.
En Galicia, la situación actual es similar a la valenciana de hace doce años. Los impositores tienen el 40%, los ayuntamientos, el 25%, los empleados, el 10% y las entidades fundadoras y sociales, un 25%. La propuesta del PP gallego, con mayoría absoluta en su parlamento, pasa por crear un grupo designado por la cámara autonómica que llegaría al 30% en Caixa Galicia, que no tiene entidad fundadora, y al 20% en Caixanova, donde sus fundadores tendrán un 10%. Los empleados y las entidades sociales se quedan en cada caso con un 10%, mientras que los impositores bajan del 40% al 30% y los ayuntamientos, del 25% al 20%. En ningún caso, se supera el 50%, pero la parte política sube del 25% al 50%.
Otra gran novedad de la propuesta es que introduce la autorización previa de la Xunta ante la pretensión de alguna de las cajas gallegas de entrar en un Sistema Institucional de Protección (SIP), es decir, la llamada fusión virtual. Se ha especulado con la posibilidad de que Caixa Galicia forme parte de uno con la CAM y Caja Madrid y también con que Caixanova lo haga con Caja Murcia. La ley valenciana no contempla esa autorización y el Consell no prevé modificar el texto para incluirla. El proyecto que pretende el PP gallego, además de fijar en 70 años la edad de jubilación -lo que obliga al presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, el principal opositor a la fusión, a abandonar la entidad cuando entre en vigor el texto-, es que la Xunta podrá acordar con las cajas la cuantía de los fondos a obra social. Además, el PP quiere imponer filtros para controlar las inversiones estratégicas y la compra de participaciones industriales. La ley valenciana no llegaba a tanto, pero establecía la obligatoriedad a las cajas foráneas de que destinaran a la Comunitat una parte de sus fondos sociales proporcional al negocio que obtenían en la autonomía.