La política en su peor versión, incluidas las venganzas personales y las cuitas judiciales, se personó ayer en el proceso electoral de Bancaja y dejó sobre el horizonte de la entidad negros nubarrones en un momento de la máxima complejidad por la crisis financiera y la necesidad de alianzas en el sector. Dolido por la querella presentada por el PSPV a cuenta de su implicación y la de otros altos cargos del PP y del Consell en el caso Gürtel, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, consumó las represalias que venía anunciando en las últimas semanas y ordenó a su antecesor en el Gobierno autonómico y presidente de Bancaja desde 2004, José Luis Olivas, que redujera a la mínima expresión posible la representación de los socialistas y sus asociaciones afines en los órganos de gobierno de la entidad de ahorros.
Después de que el PP impidiera que los socialistas tuvieran representación en la caja por el grupo de Generalitat en este proceso de renovación parcial, de que los impositores afines a un partido y otro (la AI y la UCE, respectivamente) pactaran el reparto de los consejeros que corresponden a los clientes y de que las dos grandes formaciones acordaran presentar una lista única a los órganos de gobierno, sólo quedaban algunos flecos, como distribuir cargos en el consejo o las plazas en la comisión ejecutiva. Según los socialistas, Olivas había cerrado un acuerdo con ellos, en concreto con su secretario general, Jorge Alarte, si bien fuentes oficiales de la entidad lo niegan rotundamente (no que hubiera conversaciones). Pero ayer por la mañana, horas antes de la asamblea, les convocó para anunciarles que "el presidente de su partido le había dicho que no negocia con señores que le quieren llevar a la cárcel", según personas conocedoras de la conversación.
El resultado de esta política de apartheid se visualizó con claridad al finalizar la asamblea y el posterior consejo de administración. Los socialistas, incluida la UCE, pierden en conjunto una plaza (quedan en seis de 20, idéntico resultado al que cosechó Olivas en contra en su elección como presidente) y las dos vicepresidencias del consejo, que ayer fueron suprimidas del organigrama. La vocalía pactada por los sindicatos que debía corresponder a UGT en la comisión de control ha ido a parar, tras la votación de ayer en la asamblea (103-69), al Csica, un sindicato cuya candidatura ha sido impulsada por el PP. Los socialistas también son excluidos totalmente (tenían dos vocalías) de la comisión ejecutiva, un órgano reducido del consejo donde se dirimen cada quince días algunas de las cuestiones básicas de la caja. Asimismo, quedan fuera -excepto en los casos de los consejeros nombrados hace tres años- de las comisiones territoriales de Castelló y Segorb, de las comisiones de retribuciones e inversiones y de las fundaciones de Segorb, Castelló y Sagunt. Todo indica que más adelante les sucederá lo mismo en la Fundación Bancaja y en las participadas. Tanto en Segorb como en Sagunt la representación queda exclusivamente en manos del PP. Como recordaban ayer veteranos dirigentes de la entidad, ésta es la primera vez que no va a haber "corresponsabilidad" entre las grandes formaciones políticas de la Comunitat en la gestión de alguna caja valenciana desde 1985. La exclusión de los socialistas puede generarle a Olivas un segundo mandato mucho menos plácido que el anterior, dado que los pocos consejeros de este partido no van a sentirse concernidos a partir de ahora en la cogestión de la entidad con los populares. "Estos señores han decidido quedarse solos, así que estaremos muy vigilantes", afirmaban fuentes del partido.
El papel sumiso jugado ayer por un político de tan larga trayectoria como Olivas contrasta con la del empresario Modesto Crespo, presidente de la CAM. Crespo cumplió lo acordado con los socialistas para que le apoyaran al acceder al cargo el pasado mes de junio y, a pesar de las presiones recibidas desde presidencia de la Generalitat, no aplicó el rodillo ayer al cerrarse el plazo para la presentación de candidaturas a los órganos de gobierno de Caja Mediterráneo.
Benito Nemesio a Valencia
El presidente de la CAM y el director general, Roberto López, mantuvieron el miércoles una cena con el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, en la que cerraron la renovación en la entidad con grandes cambios respecto de lo que se había anunciado hasta la fecha. Crespo y López han logrado, además, situar en el consejo a personas menos partidarias de una posible fusión de la entidad con Bancaja y mantienen la buena sintonía con los socialistas, que ostentan el Gobierno central y, en consecuencia, son los que conceden ayudas. El gran damnificado ha sido el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio, a quien se le ubicaba en una de las tres vicepresidencias de la CAM y en la presidencia de la territorial de Valencia y que al final irá a la comisión de control. El futuro responsable máximo de la caja en Valencia, tal como contó este diario, será Benito Nemesio, presidente del Círculo Católico de Torrent.
La gran baza del acuerdo para los socialistas es la renovación en el consejo del empresario Jesús Navarro, quien, de no mediar un pacto, habría quedado fuera para dejar paso en el consejo a Uncio. El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, finalmente tampoco entra en ese órgano por su voluntad de no perder su escaño en las Corts. Sí lo hacen los presidentes de la Cámaras de Alicante, José Enrique Garrigós, y de Orihuela, Juan Francisco Cerdá.
