La vicepresidenta Salgado desautoriza los datos del ministro Corbacho sobre economía sumergida

AGENCIAS ROMA/MADRID La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó ayer que las estimaciones sobre economía sumergida ofrecidas el pasado miércoles por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, "no tienen ninguna base científica". La ministra se expresó así en la misma línea de su mano derecha, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que ayer consideró "excesivamente osado" cifrar el peso que tiene la economía sumergida sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
Los comentarios de los máximos responsables del Ministerio de Economía llegan un día después de que Corbacho afirmara que la economía sumergida supone entre el 16% y el 20% de la actividad económica española. Preguntada al respecto, Salgado consideró que éstos "no son datos. No hay estimaciones sobre la economía sumergida en España como no las hay en ninguno de los países de nuestra economía occidental.
Por su parte, los economistas del "manifiesto de los cien", entre los que se encuentran varios profesores de la Universitat de València, advirtieron ayer de que el cambio de modelo económico que ultima el Gobierno en la Ley de Economía Sostenible tardaría más de una década en retornar a los niveles de paro previos a la crisis, del 8% en 2007, y abogaron por implementar un contrato único de trabajo para alcanzar esas tasas en seis años y medio.
En un nuevo documento sobre las recomendaciones para la reactivación del mercado laboral, los expertos aventuraron que la propuesta de reforma que el Ejecutivo presentará a los agentes sociales el próximo 22 de enero será "bastante descafeinada", y consideraron que la aplicación del modelo alemán de empleo, que compatibilizaría las prestaciones por desempleo y las reducciones de jornada, no sería eficaz para la economía española.
Así pues, los economistas estimaron que acometer una reforma laboral con un contrato único, con indemnizaciones progresivas desde los 12 días por año trabajado hasta un máximo de 36 días, beneficiaría a cuatro de cada cinco empleados, si bien perjudicaría sólo a un 10% y "moderadamente".