Luis Berenguer: ´Hemos recomendado al Gobierno limitar el poder de la SGAE´

Para Luis Berenguer no cabe la tolerancia de las prácticas empresariales contra la competencia ni aún en época de crisis. "Las empresas deben apretarse el cinturón, pero no pactar entre ellas contra sus clientes", afirma.

JAVIER CUARTAS VALENCIA Los fabricantes alegan que están sometidos a una posición de dominio de la gran distribución. ¿Hay una situación lesiva?
Las normas de la Competencia tratan de limitar situaciones de poder de mercado. Tradicionalmente se pensaba que los productores eran los que tenían una posición de poder. Esto sigue siendo verdad en algunos casos: la industria del automóvil establece las condiciones a los vendedores (los concesionarios), pero en otros sectores esto ha cambiado. En alimentación, por ejemplo, el poder ahora lo tiene la distribución. Se plantean casos de abuso de poder por capacidad de compra. El debate está abierto.
¿Cuál es la posición de la CNC sobre los centros de gestión de derechos de propiedad intelectual, como SGAE y Cedro?
Hemos recomendado al Gobierno limitar el poder de estas entidades. La ley de Propiedad Intelectual trató de romper el monopolio de la Sociedad General de Autores (SGAE) y fue un avance porque liberalizó lo que antes era un monopolio. Pero ahora tenemos ocho entes de gestión que actúan como ocho monopolios porque cada una se ha especializado en distintas actividades (escritores, artistas, audio, etcétera) y no compiten entre sí. Y esto ha incrementado los precios de retribución. Proponemos que se supriman determinadas limitaciones de la ley para que la gestión de derechos no sea exclusiva de estas entidades y pueda hacerse incluso individualmente con el fin de aumentar la competencia. Y además proponemos que estas entidades, para fijar sus tarifas, tengan que someterse obligatoriamente al arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, lo que ahora es voluntario. Porque aunque su dictamen no es de obligado cumplimiento, puede servir de guía a la CNC o a los jueces, y también al usuario, para argumentar si unas determinadas tarifas pueden ser abusivas o no.
La ley Ómnibus del Gobierno para aplicar la directiva comunitaria que obliga a liberalizar servicios ha sido replicada con protestas. ¿Apoya esa liberalización?
La directiva ya tuvo problemas en su tramitación en Europa y se redujo su ámbito, excluyendo sectores. El sentido de las normas es eliminar trabas a la actuación empresarial. Nosotros lo defendemos. El Gobierno ha calculado que liberalizar el sector servicios permitiría aumentar el PIB en 1,2 puntos y generar 200.000 empleos. Pero quienes ya están instalados tratan de defender su posición y sus privilegios. Como dijo Cabarrús, las restricciones a la competencia benefician a unos pocos con la ignorancia de la mayoría. Tendemos a solidarizarnos con 70.000 taxistas y sus familias sin considerar que liberalizar ese sector favorecería la entrada de más operadores, a todos los potenciales clientes y a la marcha de la economía porque más oferta suele generar más demanda. La ley Omnibus es menos ambiciosa de lo que debería pero es un paso importante.
¿Y las ayudas públicas encubiertas de las comunidades autónomas a las aerolíneas?
La Comisión Europea las permite sólo en aeropuertos muy pequeños. Pero sabemos que hay ayudas mediante otro tipo de contratos que no están sujetos a competencia ni a concurso. Pueden ser investigables y sancionables.