El Gobierno propone recortar la pensión de viudedad si se trabaja

AGENCIAS MADRID El Gobierno presentó ayer sus propuestas para reformar el sistema de la Seguridad Social, en el que además de la anunciada medida de elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, abre la puerta a que se produzcan cambios en el período de cálculo de la pensión, ampliándolo más allá de los 15 años actuales, aunque sin precisar cuánto debería incrementarse. Y en el campo de la pensión de viudedad, el Gobierno destaca la conveniencia de estudiar si en los casos de convivencias familiares breves y sin descendientes, en vez de una pensión vitalicia, se asigne una indemnización en pago único o una prestación temporal. Asimismo, propone analizar la posibilidad de establecer una relación más flexible entre las rentas de trabajo y la pensión de viudedad para mejorar la situación de los pensionistas que perciban una única renta. El Ejecutivo no ve "razonable" que trabajos que se desarrollan exclusivamente en una parte de la vida generen pensiones vitalicias ni que prestaciones pensadas para cubrir la imposibilidad de trabajar (como la incapacidad permanente absoluta) se compaginen con el trabajo. En ambos casos, señala, sería razonable reducir la prestación.
El Ejecutivo sugiere a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, a la que enviará este informe para su toma en consideración, la puesta en marcha de "reformas paulatinas, con períodos transitorios prolongados" que permitan la mejora de la equidad del sistema y eviten los "agravios" que sufren los trabajadores despedidos en el último tramo de su vida laboral ante la "excesiva concentración de los procedimientos de cálculo de la pensión sobre estos últimos años".
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció abiertamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno cree que una de las líneas de actuación de la reforma debería ser la de ampliar el periodo de cálculo porque el actual período, 15 años, perjudica a los que se quedan en el paro al final de su vida laboral. El Ejecutivo entiende que el cálculo de la pensión debería realizarse sobre los periodos de cotización real, que la capacidad para elegir la base de cotización debería limitarse, y que debería establecerse una única base reguladora para el cálculo de todas las prestaciones del sistema. Precisa además que la regla del statu quo se mantendría, de forma que los actuales pensionistas nunca se verían afectados por estos cambios y los trabajadores más veteranos sólo lo estarían de manera "muy poco significativa".
También en materia de jubilación, el Ejecutivo aboga por limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e imponer a las empresas parte de los sobrecostes que implica la expulsión temprana de los trabajadores del mercado laboral. En opinión del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sería "ilógico" pedir a una persona que trabaja en una pequeña empresa que espere unos meses para jubilarse a los 65 años, cuando "a su vecino, que trabaja en una empresa con beneficios, le mandan a casa con 55 años". El Ejecutivo pretende elevar progresivamente la edad de prejubilación hasta los 58 años desde los 52 actuales, y que los 52 sea progresivamente la edad mínima legal a la que sea posible jubilarse .
La propuesta del Gobierno ha sido rechazada de forma generalizada por los sindicatos y la mayoría de partidos políticos, que ven prioritario impulsar medidas que sirvan para crear empleo, mientras que la patronal ve con buenos ojos que se abra este debate. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) valoró el planteamiento del Ejecutivo, ya que considera muy importante para la sociedad que se abra un debate público sobre la necesidad de prolongar la edad en activo de los trabajadores. La propuesta también ha encontrado el respaldo del Ejecutivo europeo, a través del comisario Joaquín Almunia, quien apostó por medidas como ésta para mejorar la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones español.
Por el contrario, los sindicatos han mostrado un rechazo frontal a esta medida, porque la consideran injusta y creen que va en contra de la necesidad de crear empleo en un momento en que la tasa de paro roza el 19 por ciento, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Para el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, el retraso de la edad de jubilación resulta incomprensible en un momento en que se ha de propiciar la incorporación masiva de los jóvenes al mercado laboral. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que alargar la vida laboral no sirve a largo plazo para garantizar las pensiones y recordó que en España los jóvenes llegan al mercado laboral de forma tardía, mientras se está reduciendo la población activa por encima de cincuenta años por las "políticas de despido" de las empresas.

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente, criticó ayer la "decisión unilateral" del Gobierno de retrasar gradualmente la edad de la jubilación hasta los 67 años, pues esta medida "afectará a más de 3,3 millones de personas, menores de 49 años, en la Comunitat" durante el período transitorio. Clemente denunció que esta medida "no ha sido consensuada ni con los sindicatos, ni con los agentes sociales, ni con la segunda fuerza política más votada". Asimismo, lamentó que Zapatero "haya cerrado el pensionazo en una habitación oscura cerrada a calicanto, dejando a los pies de los caballos el diálogo social", al tiempo que afirmó que "el presidente socialista ha demostrado su autoritarismo a la hora de llevar a cabo medidas, ya que no ha contado con los representantes sociales en una decisión que afecta a miles de personas". efe valencia

Alemania, Dinamarca y Reino Unido son los países de la UE que tienen previsto aumentar la edad legal de jubilación por encima de los 65 años, un grupo al que se uniría España de salir adelante la propuesta del Gobierno para reformar el sistema público de pensiones. Si se aplicara esta reforma, España sería el primer país europeo en completar el retraso de la jubilación hasta dicha edad.
Alemania y Dinamarca decidieron recientemente elevar hasta los 67 años la edad mínima permitida para beneficiarse del sistema público de pensiones, pero aplicarán esta medida de forma progresiva entre 2012 y 2029, en el caso alemán, y entre 2024 y 2027, en el danés. El Reino Unido, por su parte, prevé un aumento escalonado de la edad legal de jubilación entre 2024 y 2026, hasta llegar a los 68 años.
La mayoría de los Estados miembros cuentan con mínimos legales en torno a los 65 años, aunque algunos países como Francia, Suecia o Lituania permiten la jubilación desde los 60 o los 61 años. efe madrid