Simó: ´Retrasar la jubilación es lo fácil, pero la solución está en la inmigración y los jóvenes´

JORDI CUENCA VALENCIA "El Gobierno ha optado por lo fácil" ante el riesgo de que el progresivo envejecimiento de la población española ponga en peligro en unos años el sistema público de pensiones. Lo fácil, o lo posible en esta época de crisis económica, es la propuesta de elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Lo complicado sería abordar el previsible déficit de población activa no poniendo trabas a la inmigración o haciendo políticas que favorezcan la plena incorporación laboral de los jóvenes autóctonos. Así opina el demógrafo y profesor titular del departamento de Sociología de la Universitat de Valéncia, Carles Simó.
En declaraciones a este diario, explicó que, desde 1975, se ha producido un envejecimiento en España por la "drástica" reducción de la fecundidad. Ese descenso se ha paliado en parte con la inmigración, "aunque todo lleva a pensar que no ha sido suficiente". Hasta ahora, la población llegada de fuera "aportaba mano de obra y juventud, pero ahora nadie quiere hablar de la inmigración como solución por la crisis, que ha llevado a algunos a pedir el retorno o su sustitución por mano de obra autóctona". Además, Simó apunta un factor añadido y es que "se pensaba que habría una gran movilidad en la Unión Europea y que eso sería suficiente para compensar las poblaciones de los países más envejecidos, pero hemos descubierto que no habrá excedentes, porque la Europa del Este ha tenido un proceso de envejecimiento muy rápido y eso implica que el conjunto de la UE tendrá un problema de déficit". Por último, cree que hay que "estudiar todavía si es cierto que los inmigrantes compiten con la población autóctona por los empleos", sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de ellos ocupan "nichos en la economía sumergida, que es la que les reclama".

Pacto social
Este experto considera también que "el pacto social lo tenemos al revés en España". Y lo explica así: Hay mucha regulación sobre cómo salir del mercado, como por ejemplo con el hecho de que aún se mantengan las prejubilaciones, pero la entrada de jóvenes no tiene tantas ayudas ni regulación. Esta última parte es de gran relevancia, porque las condiciones de precariedad con las que se incorporan los jóvenes al mercado de trabajo les llevan a retrasar hasta los 30 o los 35 años cualquier decisión de tipo familiar, lo que tampoco favorece la lucha contra el envejecimiento, mientras que, "si entran todos los jóvenes, se retrasaría el déficit poblacional".
Sea como fuere y dado que "a los políticos les resulta más fácil alargar la edad de jubilación que permitir nuevos flujos migratorios", Simó apunta que la nueva regulación debe tener en cuenta las diferencias en los tipos de trabajo: un profesor universitario puede seguir en su puesto sin problemas a los 67, pero un obrero o un minero seguramente, no. Asimismo, considera "discutible desde el punto de vista del pacto social" que se mantengan las prejubilaciones, porque "no puedes pedir esfuerzos a unos y a otros, no".