Más años, menos pensión

JAVIER CUARTAS VALENCIA Ampliar el período de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión de cada jubilado ya se hizo en 2002. Entonces se determinó que se contabilizasen las cotizaciones de los últimos 15 años de vida laboral, que es el mínimo de años de afiliación a la Seguridad Social que se exige para tener derecho a una pensión contributiva.
Ahora la polémica ha saltado ante la posibilidad de ampliar ese período a 25 años. Banco de España y OCDE son partidarios de ir más allá y de que compute el conjunto de las cotizaciones realizadas por cada trabajador y su empresa al sistema público de pensiones a lo largo de toda la vida laboral.
Se da por hecho que la pensión resultante será menor cuanto más se amplíe el período de cómputo. Esto es así porque, por lo común, los ingresos salariales del trabajador (y, por lo tanto, las cotizaciones al sistema) suelen ser mayores a medida que se acerca la edad de retiro. Retrotraer el período de cálculo hasta el inicio de la vida laboral penalizaría sobremanera a quienes ahora se incorporan al mercado laboral o lo han hecho en los últimos tiempos, para los que se han generalizado condiciones salariales particularmente parcas durante el arranque de su vida laboral.
Sin embargo, no todos los trabajadores resultarían perjudicados. Ampliar el período de años sobre los que se calcula la pensión relativizaría el impacto negativo que tiene para muchos trabajadores de cierta edad verse en el paro o en expedientes de regulación justo al final de su vida laboral, que es el período decisivo para consolidar el importe de su pensión, por más que hayan cotizando durante décadas.

"Pensiones a la carta"
Y cuanto más se amplíe el período que se contabilice, menos posibilidades existirán de practicar lo que se ha definido como pensiones a la carta. Algunos trabajadores, sobre todo autónomos, cotizan la cuota mínima durante el conjunto de la vida laboral, pero pagan la máxima sólo durante los últimos quince años para garantizarse la prestación más elevada posible.
Sin embargo, el gran beneficiario de la medida sería el propio sistema público de pensiones, acosado por un aumento acelerado de los pensionistas (muy superior al de los nuevos cotizantes), una creciente ampliación de la esperanza de vida de los jubilados (ha pasado de 5 a 15 años en unas décadas) y una mejora de la capacidad adquisitiva de las prestaciones. Se estima que calcular las pensiones a partir de todo el período cotizado permitiría reducir la cuantía media de las jubilaciones entre un 15 y un 20%. El Gobierno dijo en el documento enviado a Bruselas que si se retrasase en dos años la edad legal de jubilación y se ampliasen en 10 los años utilizados para calcular la pensión, el ahorro sería de casi el 4% del PIB: unos 10.400 millones de euros.