JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ
a reforma laboral que presentó el pasado viernes el Gobierno se queda a caballo entre el Manifiesto de los 700 y el de los 100. Aunque lo más importante es que el Ejecutivo central ha movido ficha. Para los expertos en economía y empleo sin reforma laboral España podía tardar más de una década en reducir su tasa de desempleo por debajo del 10% (actualmente roza el 20%). Así lo argumentaban investigadores del Manifiesto de los 100, profesores universitarios de toda España —entre éstos de la Universitat de València— quienes advirtieron que el cambio de modelo productivo exigía una reforma laboral integral para reducir el paro por debajo de los dos dígitos en seis años y medio. Entre los firmante de manifiesto se encontraba el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, otrora profesor de la prestigiosa escuela de negocios IESE.
Frente a esas propuestas, el Manifiesto de los 700 sostiene que el eje de las medidas contra la crisis «no debería ser una reforma del mercado laboral, ya que los trabajadores no han ocasionado esta crisis, sino reformas que permitieran mejorar el trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, y trabajar en la innovación y la formación, lo que incrementaría la calidad y la productividad del trabajo». Este manifiesto surge como contestación a la proclama emitida por la patronal CEOE, el mundo académico, el Banco Central y el Banco Central Europeo.
Diferencias salariales
Un elemento fundamental que mantienen los expertos del Manifiesto de los 100 es que la regulación contractual laboral española, además de ser ineficaz, es profundamente injusta. Los trabajadores con contrato temporal, que son un tercio del total, cobran un 20% menos haciendo tareas similares a las de un trabajador con contrato indefinido. La situación de esos trabajadores frena el crecimiento del consumo y afecta negativamente a la tasa de fertilidad. Así lo documentan en sus «Propuestas para la creación de empleo» las profesoras Sara de la Rica (Universidad del País Vasco), Maia Güel (Universidad Pompeu Fabra/University of Edimburg) y José Ignacio García Pérez (Universidad Pablo de Olavide) al analizar la segmentación del mercado de trabajo español.
Los citados investigadores recuerdan que en el periodo 2002-08 los jóvenes han necesitado sesenta meses de empleo temporal y experiencia en desempleo para acceder a su primer trabajo indefinido. El número medio de empleos temporales necesarios es de siete. Además, la transformación de contratos temporales en fijos se ha hecho mediante subvenciones con un coste enorme para las arcas públicas, y lo más grave es que cuando logran ser fijos, gracias a las subvenciones, sus tasas de despido resultan superiores a las de otros trabajadores indefinidos cuyos contratos no recibieron bonificación. En definitiva, estiman que ampliar bonificaciones y subvenciones para acabar con la contratación temporal no parece camino idóneo, que la extenderían a quienes no la tienen, es decir los temporales.
Tasa de fecundidad a la mitad
Para justificar las reforma laboral estimaban que el modelo alemán tiene beneficios dudosos y su implantación debería ser temporal. Las empresas que se acojan al programa, con vistas a limitar el fraude, incurren en costes (obliga a devolver el subsidio o convertir el subsidio en una especie de préstamos en forma de retraso a las contribuciones a la Seguridad Social), con lo que es un factor a tener en cuenta. Y sostienen que es posible flexibilizar el mercado laboral a través del contrato a tiempo parcial, siempre y cuando se eliminen las actuales penalizaciones. Además de las diferencias salariales entre contratos fijos y eventuales existen «importantes consecuencias en la toma de decisiones individuales y familiares, en particular, las relativas al consumo y la fecundidad». Según la profesora Sara de la Rica, los efectos de la temporalidad se deben a que aquellos hogares cuyos miembros estén relativamente más expuestos a la probabilidad de perder el empleo reducen su nivel de consumo hoy y aumenten sus ahorros con el fin de poder tener un «colchón adicional de riqueza» en el caso de pérdida de empleo. Por otra pare, los contratos temporales también afectan al crecimiento demográfico, al afectar también las decisiones sobre maternidad.
Temporalidad
También la temporalidad dificulta la salida del desempleo de los parados de larga duración, ya que han de competir por los puestos de trabajo disponibles con un mayor número de parados a corto plazo. Según el análisis de la docente Maia Güel, los trabajadores que tienen más dificultades para abandonar el desempleo son los más propensos a salir perdiendo del uso excesivo de la temporalidad en España. De este modo, la distribución de la duración del paro se vuelve más desigual, acentuándose la diferencia entre parados de corta y larga duración. Y concluye que los que se consigue con los contratos temporales es tener un mercado de trabajo en España segmentado en tres niveles: el personal con contrato permanente, los trabajadores con vínculos contractual temporal —que pasan su vida laboral entre el empleo y el paro—, y los parados que no consiguen ni un contrato temporal.
Contrarios a la «política de la subvención», García Pérez demuestra que la eficacia de las bonificaciones para la contratación fija «no es muy significativa», ya que el aumento es escasísimo. Con todo, en las ayudas autonómicas sí se observan consecuencias positivas, aunque sólo para mujeres de edad intermedia. El efecto perverso se produce porque se detecta que la tasa de despido de trabajadores indefinidos con bonificaciones durante el primer año se sitúa entre un 25% y en un 45% cuando se compara respecto a la de sus homólogos que no reciben ayudas.
Guerra entre los economistas
El manifiesto de los 700 ha sido promovido por los sindicatos, por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Con todo, quien ha tejido buena parte de los hilos de tan masiva suscripción ha sido el rector de la Universidad Complutense de Madrid, el catedrático de Economía Carlos Berzosa. El punto de partida era frenar la restricción del crédito, extender la protección a los parados y dar los pasos necesarios para un nuevo modelo productivo, que no demande trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado.
La secuencia de salida de la crisis, según el Manifiesto de los 700, requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha.
En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectores más dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las pymes. Y sostienen que la negociación colectiva constituye el escenario natural donde pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el diálogo social Los agentes sociales tienen ahora el documento que Zapatero puso sobre la mesa de la Moncloa el pasado viernes.
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