Un total de 78 personas físicas sin actividad empresarial acudieron el año pasado a los tribunales para solicitar su declaración de insolvencia y tratar de alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Esta medida está prevista desde que en septiembre de 2004 se aprobó la Ley Concursal, que sustituyó a la antigua ley de suspensión de pagos. Las familias que se han acogido a ella casi duplican las que lo hicieron en 2008, cuando fueron 41 las personas que buscaron la declaración de insolvencia. En España fueron 938 personas físicas las solicitantes. v. r. valencia
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